La política exterior de España es cada vez más incoherente. El pasado 19 de mayo, Pedro Sánchez pidió expulsar a Israel de Eurovisión. En la comparecencia, afirmó que “el compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente”. Más allá de la redundancia, pues los derechos humanos son parte central de la legalidad internacional, lo más llamativo fue sin embargo lo que dijo a continuación. Sin mover un solo músculo facial, afirmó que no se deben permitir los “dobles estándares”, mandando acto seguido “un abrazo solidario para el pueblo de Ucrania y el pueblo de Palestina”. El mismo presidente que ha entregado unilateralmente y en secreto un territorio ocupado, el Sáhara Occidental, a una potencia ocupante, Marruecos, llama ahora a evitar dobles raseros.

Que nuestro presidente insista constantemente en demostrar poco apego al derecho a fin de perseguir intereses propios no es nada nuevo. Que enmascare sus decisiones presentándolas como lo opuesto a lo que son y que, encima, argumente fríamente que no hay que hacer lo que en realidad está haciendo, tampoco es nuevo. Lo que sí es nuevo son las consecuencias que inevitablemente se empiezan a generar: la actitud transaccional -muy del estilo trumpista- que Pedro Sánchez ha instaurado en la política exterior española está creando enormes costes reputacionales para nuestro país y está socavando la credibilidad del sistema internacional de los derechos humanos.

En su particular juego de sombras, Sánchez exprime lo rentable mientras esconde lo improductivo. Por un lado, la crítica frente a las inexcusables atrocidades de Israel, que deberá rendir cuentas ante los tribunales internacionales, tiene rédito electoral. Por eso insiste en esta cuestión, ordenando por ejemplo el reconocimiento por parte de España del estado de Palestina pocos días antes de las elecciones europeas de 2024.

Pero, por otro lado, la defensa de los derechos de los saharauis no le genera beneficios políticos. Al ser una causa menos mediática, Sánchez encuentra un mayor beneficio en aliarse con Marruecos, que ocupa ilegalmente la mayor parte del Sáhara Occidental, puesto que la monarquía (absoluta) alauí nos sirve principalmente para frenar la inmigración ilegal mediante técnicas cuestionables. 

Nuestro presidente tomó esta decisión interesada -de forma secreta y unilateral- pese a ser contraria a los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos, pues somos la potencia administradora encargada de organizar un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida libremente su futuro. Es verdad que todos los estados son hasta cierto punto incoherentes en su política exterior. Por eso la diplomacia consiste en gran medida en explicar por qué no haces lo que dices. Pero Pedro Sánchez ha llevado la incoherencia hasta extremos preocupantes. Ha trasladado a la política exterior española su peor vicio personal: una radical priorización de los intereses por encima de los valores y las normas. Esta instrumentalización de los derechos humanos genera obvias inconsistencias en la política exterior dirigida por el gobierno, que encima alardea de coherencia, lo que socava la imagen internacional de España y rompe las costuras de cualquier discurso de derechos humanos. Una de las principales críticas contra los países (generalmente occidentales) que dicen promover los derechos humanos en su política exterior es precisamente la incoherencia. Así pues, Sánchez no podía haber brindado mejor regalo a los países críticos (generalmente autoritarios) que rechazan su promoción, como Rusia o China.

Es posible que Sánchez, sabedor de su débil posición en la política nacional, busque refugio en la política internacional. Pero la incoherencia que el presidente está trayendo a esta área -que debería ser lo más transversal posible entre los partidos mayoritarios- hace que España se sume a la tendencia global de desprestigio, cuando no de ataque frontal, del orden liberal internacional. Urge por tanto volver a una política exterior creíble y seria que recupere el prestigio de España y apueste por reforzar (o reinventar) el sistema internacional basado en normas e instituciones multilaterales como método de resolución de disputas, en vez de profundizar en un desorden global caracterizado por el uso de la fuerza y la búsqueda del interés propio.

David Garciandía Igal. Doctorando y profesor de Derecho de la UE en la Universidad de Oxford