El Gobierno de Pedro Sánchez intenta, o eso dice, armarse de argumentos antes de elevar su decisión sobre la opa del BBVA al Banco Sabadell al Consejo de Ministros. Esta semana, el ministro de Economía defendía la inesperada consulta pública, ante la que el sector financiero ya ha mostrado su malestar, “sobre criterios de interés general” anunciada por el presidente para que la ciudadanía, organizaciones económicas y otros colectivos puedan manifestarse hasta el día 16 acerca de la opa hostil de BBVA a Sabadell. Esta última entidad ya ha anunciado que tiene intención de participar para defender ante el Ejecutivo sus argumentos. 

El ministro Cuerpo avaló la iniciativa de la consulta pública por legal -lo que se da por supuesto- y por pertinente, una consideración mucho más discutible. Y no solo porque el Ejecutivo de Sánchez haya echado mano a un instrumento utilizado en contadas ocasiones, en un asunto de singular complejidad técnica y con un formato de preguntas simples en el que el consultado puede pronunciarse las veces que quiera e incluso con datos falsos. Algo realmente llamativo, por más que se diga que la consulta no tendrá carácter vinculante, para un Gobierno que lleva toda la legislatura hablando de bulos y fake news para catalogar aquellas informaciones que no son de su agrado, y ahora no parece preocuparse por la calidad de los datos que recoge. 

Al haber desvelado esta suerte de plebiscito una vez que la CNMC ya ha avalado la operación y cuando le corresponde a él decidir si le da vía libre o la obstaculiza, el Gobierno recurre a una pirueta que desaira al regulador y con la que busca dotarse de una coartada para un eventual freno a las intenciones del banco vasco, de las que el Ejecutivo no ha adelantado nada, y las cuales rechaza todo el arco parlamentario catalán. El propio presidente de la Generalitat, el socialista Illa, ha dicho sin tapujos que trabaja para impedirla. Esta consulta se convierte en bumerán porque obliga a interpelarle sobre por qué no ha efectuado la misma consulta en otros asuntos cuyo “interés social”, empezando por su claudicaciones al secesionismo, no albergaba duda alguna.