S I nadie lo remedia, en los próximos meses se puede consumar una gran estafa social en la ciudad de Pamplona a cuenta de la vivienda protegida. Hace ahora seis años (en abril de 2019) el alcalde Asiron y el concejal Abaurrea presentaban con orgullo lo que iba a ser una recalificación urbanística en el antiguo colegio de Maristas sito en la avenida de Galicia.

Para la puesta en escena, entre otros se hicieron acompañar de un “fichaje” y éste fue el representante de una promotora guipuzcoana que debutaba en Navarra. La modificación urbanística consistía en alterar el uso del solar que dejaría de ser educativo para albergar 190 viviendas en pleno centro de la capital. Para justificar la operación e intentar despejar cualquier sospecha de “pelotazo”, el alcalde se empeñó en subrayar que nada menos que el 70% de las nuevas viviendas, lo serían de protección oficial. No cabía de orgullo el alcalde al afirmar que con tal iniciativa “sumamente satisfactoria se demuestra que es posible hacer un urbanismo más justo”. Tal cual. 

¿ERES SUSCRIPTOR? AQUÍ TIENES MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA

Amplía la información sobre OPINIÓN en la edición e-paper de Diario de Navarra, disponible a diario para suscriptores de papel y PDF

Leer ahora

Así se llevó adelante el Plan aventurando la construcción de las viviendas protegidas en el interior del antiguo colegio, un edificio protegido que lleva la firma del que fue insigne arquitecto Victor Eusa. (Cuyo nombre, dicho sea de paso, no les merece la misma protección que goza su extensa obra arquitectónica). A fecha actual, contemplamos cómo el edificio que acoge las viviendas libres está próximo a su finalización, al tiempo que no se ha iniciado ni una sola de las 108 viviendas protegidas proyectadas.

Los perjudicados por esta situación son las personas y familias que resultaron adjudicatarias, a las cuales se les empujó a constituirse en cooperativa por decisión de la empresa promotora encubierta, la cual ya fue condenada por sentencia por actuaciones similares ocasionadas en Álava. 

Estas personas no solamente ven cómo se retrasan sin fecha sus aspiraciones de acceso a una vivienda después de haber desembolsado sus ahorros para tal fin, sino que además se ven sumidas en la incertidumbre sobre plazos de construcción y coste definitivo. Y mientras tanto, los autores de este injusto desaguisado se encogen de hombros y dejan desprotegidos a los afectados eludiendo asumir responsabilidad alguna y esquivando el deber de ofrecer una solución viable. Tanto el alcalde Asiron como su concejal de urbanismo se limitan a afirmar que conforme al plan aprobado no se puede autorizar el uso de las viviendas libres hasta estar finalizadas las de protección pública, una condición que a día de hoy es de difícil o imposible cumplimiento, y lo saben. Sin embargo, no ofrecen ni un atisbo de solución a estas personas que tienen que pelear con sus medios por ejercitar unos derechos que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Navarra tienen la obligación de garantizárselos. Entre tanto, la promotora encubierta les exige más dinero por una vivienda que tiene ya el precio máximo regulado al gozar de protección pública. 

No caben más atropellos ni mayor injusticia al amparo de quienes supuestamente se autodenominan progresistas y que en la práctica están contemplando ante sus ojos cómo pasan los días y los años sin que estas personas tengan la certeza de que se cumpla aquello que se les prometió tanto a ellos como a toda la sociedad. Por ello es del todo necesario apoyar y respaldar los intereses de estas personas afectadas para que el alcalde dé la cara y les repare cuanto antes los perjuicios causados de forma que puedan ver sus viviendas construidas en el precio acordado tal y como el plan señala. Sin sobrecostes ilegales.