El profesor de la UPF V. Ortún señalaba recientemente que nuestro sistema nacional de salud, moderno, igualitario, universal y financiado con impuestos, pilar del estado de bienestar, tiene un mal pronóstico. Está anquilosado para afrontar los retos del futuro. Coincidimos con él en el diagnóstico para Navarra. Aquí también se observan síntomas de su deterioro; pérdida de calidad, dificultades de accesibilidad, preocupante desmotivación de profesionales y falta de ímpetu para su transformación. Hay poderosos intereses que rechazan modificar aspectos del sistema que están obsoletos, ahora que se discute una nueva ley de salud. El debate sobre la reforma debe abordar dos cuestiones. Por un lado, qué va a pasar con el gasto sanitario en los próximos años y por otro, qué transformaciones hay que introducir en la producción de los servicios.

Hay que decirlo con rotundidad, el gasto en salud tiene que aumentar y lo va a hacer en los próximos años. Necesitamos invertir más en salud, no menos. Y esto va a ser así porque se observan tendencias como el envejecimiento de la población, (una persona de ochenta años gasta cuatro veces más en salud que otra de cuarenta), el aumento de la cronicidad y pluripatologías de la población, y las nuevas tecnologías que conllevarán un aumento de costes de tratamientos y diagnósticos. Además, la evidencia indica que la salud es un bien que cuando aumenta la renta de la población, incrementa su demanda. Estos factores apuntan en la misma dirección: la demanda va a crecer en el futuro.

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La otra reflexión es que hay margen para aumentar el gasto. Es viable que crezcan los gastos en salud sin presionar excesivamente sobre el déficit. Tenemos un sistema austero y eficiente. Ha controlado con firmeza los costes de personal, operativos y de gestión. En 2021, el gasto sanitario total per cápita era de 2.769 euros en España, un 22 por ciento por debajo de la media europea y notablemente por debajo de Francia, 4.200 euros, y Alemania, 5.156 euros per cápita. En relación con el esfuerzo asociado a la riqueza que genera la economía, existe también recorrido. El gasto sanitario público y privado en España representa el 10,6% del PIB, por debajo de la media de la Unión Europea 10,9% y muy alejado de Francia 12,3% y de Alemania 12,9%. Por tanto, si la población envejece, como está sucediendo, y la renta crece, como esperamos, habrá que establecer nuevas prioridades en la agenda de salud de nuestra comunidad. Será urgente atender las demandas de los ciudadanos que se reflejarán en sus orientaciones de voto. Por supuesto, los programas deben abordarse sin desistir en el esfuerzo de evitar despilfarros y atenciones que resultan costosas pero que no crean valor para los ciudadanos. Será necesario atender y segmentar mejor la demanda y ofrecer cuidados más focalizados, así como evitar una medicina defensiva mal coordinada con exceso de pruebas, tratamientos y hospitalizaciones innecesarias.

La segunda cuestión es más difícil. Los cambios en la demanda de servicios implicarán transformaciones en la forma en que éstos se producen y se entregan. Se necesitará cambiar la oferta. Ello exige reforzar la atención primaria con más recursos para que cuide mejor la cronicidad y el envejecimiento, insistir en la salud a lo largo de la vida y modificar la prestación especializada para atender, con una visión integradora y menos enfocada en los agudos, los cuidados de salud de los ciudadanos. Y para hacer esto, es urgente dar autonomía a los centros sanitarios para que, de un lado, reconozcan unas necesidades cada vez más heterogéneas y variadas y, de otro, asignen y organicen con criterios diferenciados y flexibles, sus recursos. Para ello, es básico aumentar la capacidad de dirección de los centros y requerir una mayor rendición de cuentas sobre los resultados. Por último, hay que innovar en la gestión de las personas. Las políticas de recursos humanos deben integrar conjuntamente el acceso, la carrera profesional, los incentivos y la formación permanente de los profesionales de salud. Esto exige abandonar la rígida política de personal de la función pública navarra orientada hacia la homogenización, el trato uniforme basado en la antigüedad y otras reglas burocráticas que desconsideran la excelencia, la meritocracia y la flexibilidad.

En suma, nuestro actual modelo sanitario público se enfrenta a un futuro incierto. Resulta limitado para mejorar la salud de la población, optimizar los cuidados y mejorar la experiencia del paciente. Su reforma es urgente y requiere de más inversión, innovaciones organizativas y dar más poder a los profesionales. Y todo ello a pesar de los entusiastas defensores del actual sistema público foral que pretenden que todo siga igual. Que no cambie nada sustancial, que basta con la mejora incremental de la gestión y subir salarios a todos. Si seguimos igual y no realizamos las reformas que se necesitan, obtendremos los mismos resultados de siempre comprometiendo la eficiencia y equidad del sistema sanitario público navarro. El camino para avanzar pasa por la innovación y no por la resistencia al cambio.

Emilio Huerta y Juan Cabasés, profesores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)