La comparecencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante el Tribunal Supremo en calidad de imputado es un hecho sin precedentes en democracia. Su negativa a responder a las preguntas del juez instructor, y a las de la acusación, respondió al derecho de cualquier investigado a no declarar. 

Aunque resulta inexplicable que, al parecer, el responsable máximo del Ministerio Público lo justificara tachando el procedimiento que sigue el magistrado Ángel Luis Hurtado de actuación “condicionada por una certeza que le impide descubrir la verdad”, y de “llanamiento” el registro de su despacho oficial por orden del Supremo. 

Las vicisitudes judiciales que hasta el momento ha atravesado García Ortiz obedecen al normal funcionamiento del Estado de Derecho. El mismo Supremo decidió en la víspera de la comparecencia que su nombramiento como fiscal general era plenamente legal e idóneo. 

Ahora García Ortiz se encuentra inmerso en una investigación que no puede eludir por la presunta filtración de datos confidenciales sobre un ciudadano - la pareja de Díaz Ayuso-, quien le acusó por ello. El argumento empleado por el ministro de Justicia y otros miembros del Gobierno y del PSOE de que era una anomalía democrática investigar al fiscal general por decir la verdad en un caso de supuesto fraude fiscal frente a bulos no sirve para su defensa, sino todo lo contrario. 

García Ortiz, a preguntas de su abogado, declaró que “no, rotundamente no” había filtrado los correos del abogado de González Amador, ni había dado instrucciones para ello. Es evidente que el caso ha tensado las relaciones entre los poderes del Estado. La propia imagen de quien debe velar por el cumplimiento de la Ley entrando en el Supremo para dar cuenta de si infringió la legalidad ensombrece al Estado de Derecho. 

La única manera de que las aguas de la división de poderes regresen al cauce que no debieron desbordar es que la investigación siga adelante sin que desde la Fiscalía General o el Gobierno se proceda, expresa o veladamente, a juicios de intenciones contra integrantes del Poder Judicial.