El informe que acaba de publicar la Cámara de Comptos sobre la gestión de la renta garantizada y el ingreso mínimo vital en Navarra es para echarse a temblar. 

Se sospechaba que podía haber irregularidades y duplicidades, pero lo que aflora el órgano fiscalizador es un descontrol demoledor. Señala “debilidades por ser dos ayudas con un mismo objetivo y que muchas veces se solapan”. 

Lo peor: los incumplimientos de requisitos para recibir las ayudas, como estar disponible para el empleo, o residir en Navarra. En este último Comptos afirma que no tiene ni datos y pide que se verifique. 

En 2023 recibieron la renta garantizada 35.000 personas con un gasto de 103 millones de euros. Y 16.000 más el ingreso mínimo vital: otros 50 millones. Entre 2019 y 2023, los años analizados, Policía Foral hizo 700 inspecciones donde tenía sospechas de que había irregularidades y las confirmó en 3 de cada 4 casos. En total, 15 millones pagados de más. Increíble. 

La gestión es compleja, y muchos receptores cumplen y precisan de la ayuda, pero es vital y, sobre todo, exigible un mayor control por parte del Gobierno de Navarra. Porque aquí parece que los servicios sociales de base cumplen, pero la administración, no.