La Cámara de Comptos ha detectado "debilidades e incumplimientos" en el sistema de la Renta Garantizada, una prestación que conlleva "una gestión compleja" por la coexistencia con el Ingreso Mínimo Vital, otra ayuda "con un mismo objetivo, diferentes regulaciones y que muchas veces se solapan".  En 2023, algo más de 35.000 personas recibieron la Renta Garantizada, lo que supuso un gasto de 103 millones para el Gobierno de Navarra. En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, que Navarra gestiona desde 2022 aunque es una prestación de la Seguridad Social, en 2023 hubo 15.800 beneficiarios, con un coste de 50 millones. El 28 por ciento de las personas beneficiarias de la Renta Garantizada también percibe el Ingreso Mínimo Vital. 

El informe que ha elaborado Comptos, solicitado por el Parlamento de Navarra a instancias del PP,  ha detectado incumplimientos al menos en cinco de las ocho obligaciones que tienen las unidades familiares perceptoras para percibir la Renta Garantizada. Sobre el requisito de mantenerse disponible para el empleo, constata que "el control mensual del departamento sobre este requisito resultó inefectivo". Acerca de participar en las actividades de inserción socio-laboral, apunta que "según datos del SNE, el 22 por ciento de las personas citadas para ofertas de puestos de trabajo no acuden y el siete por ciento tampoco lo hacen a sus citas de orientación". Otra obligación de los perceptores "que tampoco se cumple en todos los casos" es la de comunicar cualquier cambio en las circunstancias que afecte a la concesión de la ayuda, como el cambio de domicilio habitual. "Según datos del Sistema Integrado de Prestaciones y Servicios Sociales, en 2.044 ocasiones se dieron de baja los expedientes de RG antes del final del periodo de concesión debido a que no se habían comunicado los cambios referidos a estas circunstancias". 

Además, Comptos no emite una opinión sobre el cumplimiento de las tres restantes obligaciones: la residencia efectiva en Navarra, la aceptación de ofertas de trabajo “adecuado” y el haber solicitado todas las prestaciones posibles antes de la renta garantizada. En cuanto a la residencia, dice que "dentro de los controles mensuales que realiza el departamento, este requisito no lo controla de manera automatizada, verificando su cumplimiento en las concesiones y renovaciones". Respecto a las ofertas de empleo, "no consta si quienes acuden (el 78% de quienes las reciben) las aceptan o no". 

El informe también opina sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Servicios Sociales de Base y de la Administración. Concluye que los primeros sí cumplen con lo establecido en la normativa respecto a información, orientación e inclusión social. Sin embargo, la Cámara de Comptos no puede opinar "al no tener suficiente evidencia" sobre si la Administración ha ofertado un empleo o una formación en todos los casos a las personas perceptoras de renta garantizada por un periodo ininterrumpido igual o superior a 24 meses. 

700 INSPECCIONES Y 15 MILLONES DE EUROS COBRADOS INDEBIDAMENTE

Durante el tiempo de análisis al que se refiere el informe, de 2019 a 2023, la Policía Foral hizo más de 700 inspecciones sobre familias que cobraban la Renta Garantizada, tras recibir denuncias o tener indicios de incumplimientos. Tres de cada cuatro inspecciones confirmaron los incumplimientos, cuyo importe suma 15 millones. Hasta el momento, se ha recuperado el 67 por ciento del importe cobrado de manera irregular. "Si bien el departamento realizó las actuaciones correspondientes, solo se ha reintegrado a la fecha de redacción de este informe el 67 por ciento de dicho importe", concreta Comptos.  

Comptos subraya "la complejidad en la gestión de la Renta Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital, dos prestaciones con un mismo objetivo, diferentes regulaciones y que muchas veces se solapan". La gestión se ve condicionada por otros factores, como "la falta de medios para un control efectivo, la imposibilidad de conocer de manera automática los importes de ambas prestaciones en el Sistema Informático de Prestaciones Sociales o los diferentes plazos máximos de concesión". 

Es precisamente en familias perceptoras de ambas ayudas en las que se ha detectado el abono indebido estimado de dos millones, en un total de 2.730 expedientes. "Son familias que han percibido la API (Ayuda para la Infancia), cuyo importe computa como ingreso desde enero de 2023". Sin embargo, el Departamento no aplicó dicho cambio hasta enero de 2024. "Al respecto, el departamento ha iniciado las correspondientes actuaciones para revisar los expedientes afectados y proceder a la regularización en su caso de las cuantías correspondientes", reconoce Comptos. 

RECOMENDACIONES

El informe concluye con algunas recomendaciones para mejorar la gestión en este ámbito. Entre otras, intensificar las acciones para que las personas perceptoras de la Renta Garantizada accedan al mercado laboral; reflexionar sobre la idoneidad del catálogo de prestaciones, considerando la compatibilidad de muchas de ellas, sus fines y gestión; finalizar el desarrollo de un programa informático más eficaz o adaptar el actual optimizándolo; e implantar algún sistema de control para verificar que las personas que perciben la renta garantizada viven en Navarra.