La sentencia de Sánchez
La obcecación interesada nubla la vista a quienes deben preservar la separación de poderes, como cuando el presidente recurre a un consejo europeo para quitarse presión en el caso del fiscal general
Publicado el 21/12/2024 a las 05:00
La revelación de que la UCO no encontró rastro alguno de comunicaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la filtración de correos entre la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y la propia Fiscalía genera perplejidad. Sobre todo porque el Ministerio Público ha alegado que, por protección de datos, García Ortiz borra periódicamente sus comunicaciones.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en tareas de policía judicial a instancias del Supremo, no encontró mensaje alguno en el móvil del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Los días de la filtración. Aunque halló en su correo personal el expediente fiscal sobre González Amador.
En realidad García Ortiz había eliminado 25 mensajes que podrían representar otras tantas pruebas indiciarias, recuperadas por la propia UCO. La UCO ha constatado que, antes de que la documentación en cuestión fuera publicada por sucesivos medios, cargos del Gobierno y del PSOE tuvieron acceso a él.
¿ERES SUSCRIPTOR? AQUÍ TIENES MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA
Amplía la información sobre OPINIÓN en la edición e-paper de Diario de Navarra, disponible a diario para suscriptores de papel y PDF
Pilar Sánchez Acera, en la actualidad asesora del ministro Óscar López; Francesc Vallés, secretario de Estado de Comunicación recientemente relevado; Ion Antolín, que entonces era responsable de comunicación del PSOE hasta sustituir a Vallés, y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, Laura Sánchez Espada. A lo que se suman las comunicaciones halladas en el móvil de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también borradas del dispositivo de García Ortiz.
Es inexplicable que el presidente Pedro Sánchez recurriera, tras un Consejo Europeo en Bruselas, a exigir “a aquellos que han acusado sin pruebas que pidan disculpas y asuman su responsabilidad”.
La irresponsabilidad es la del presidente del Gobierno, que se vale de una parte de la información circulante para mofarse del ocultamiento a todas luces deliberado de las comunicaciones habidas entre el fiscal general y responsables del Ministerio Público. La obcecación interesada está nublando la vista a quienes, desde el Ejecutivo, deben preservar la separación de poderes.
