Congreso socialista en Sevilla. Cara al tendido con la camisa nueva a medida, el gran cerebro del PSOE, Santos Cerdán, decía que “van a por nosotros porque representamos todo lo que ellos odian”. 

Frase de argumentario monclovita para ser repetida en serie y dicha después de aplaudir a rabiar a los condenados Chaves y Griñán por el escandaloso fraude cometido con los fondos públicos destinados a ayudar a empresas en crisis en Andalucía, condena aberrantemente anulada por el Tribunal Constitucional con mayoría de magistrados afines al PSOE; después de aplaudir a la imputada mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; y después de que algunos hayan puesto la mano en el fuego por Cerdán tras las acusaciones de Víctor de Aldama de haberle pagado 15.000 euros por vete a saber qué martingala. Ya veremos si esos mismos acaban diciendo que Cerdán sólo era el encargado de mantenimiento de Ferraz.

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María Chivite también ha dado la cara por Cerdán. Faltaría más. ¿Qué sería de Chivite sin la interlocución de Cerdán con bildus y delincuentes varios? Chivite ha enmarcado las acusaciones en una “estrategia de acoso y derribo” que sufre el PSOE en la que “señalar sale gratis, sin ninguna prueba y sin ningún tipo de documentación”. 

Mismo discurso victimista que Chivite está utilizando en Navarra para defenderse de las documentadas irregularidades cometidas por su Gobierno y que algunos venimos denunciando desde hace más de un año, irregularidades que la Cámara de Comptos señala en su “Informe de Fiscalización de las Cuentas Generales de Navarra Ejercicio 2023”. 

Según Comptos, el 23 % del gasto corriente correspondiente al Capítulo 2 de bienes y servicios (211,10 millones), así como 10,78 millones del Capítulo 6 de inversiones y 93.429 euros del Capítulo 4 de transferencias corrientes, “corresponden a prestaciones abonadas según contratos cuya vigencia ha finalizado o para las cuales no consta soporte contractual”.

Con respecto a las sociedades públicas (que algunos hemos considerado chiringuitos) creados por el gobierno de Chivite, la empresa Bidean, dedicada al transporte sanitario, tiene un informe desfavorable del Jefe de Sección de Sociedades Públicas, Avales y Asuntos Económicos. 

Este informe es avalado por la Directora del Servicio de Patrimonio, la Directora General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica, así como por el Interventor General. El informe de Comptos apunta a que “el servicio de transporte sanitario va a resultar más gravoso para las arcas públicas a través de la sociedad pública y no queda demostrado que el cambio en el modo de su gestión vaya a procurar una mayor calidad de la prestación, no cumpliéndose por lo tanto con los principios rectores de economía y eficiencia que deben regir en toda actuación pública”.

Sobre la empresa Nafarbide, empresa que se encargará de gestionar los peajes a camiones en vías de alta capacidad, tiene un informe desfavorable del Jefe de Sección de Sociedades Públicas, Avales y Asuntos Económicos. Este informe es avalado por la Directora del Servicio de Patrimonio, la Directora General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica, así como por el Interventor General. Comptos cuestiona la necesidad de crear esta empresa al “no quedar acreditado que cumple los principios de eficacia y eficiencia que deben presidir la gestión pública para dar el mejor servicio posible a los ciudadanos”.

INI (Instituto Navarro de Inversiones). Comptos considera que persisten dos sociedades públicas (la otra es Sodena) en las que “el objeto social de una de ellas ya está previsto en otra sociedad y que no se han adoptado medidas que eviten esta duplicidad, e indicar al respecto que la duplicación de entidades con práctica identidad en funciones y competencias, tiene incidencia en la asignación de recursos públicos, y consecuentemente a los principios de eficacia y eficiencia exigidos legalmente”.

Capítulo aparte merece la opinión de Comptos sobre la adjudicación de la obra de los túneles de Belate, adjudicación que según Chivite ha sido “legal y transparente” y que, según el órgano fiscalizador, observa “aspectos significativos que impiden garantizar de forma suficiente el cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato, debido principalmente a la insuficiente concreción en los pliegos de los criterios de valoración sometidos a juicio de valor y al procedimiento seguido en la formulación de las valoraciones”.

Los navarros nos hemos dotado, con un gran presupuesto pagado con nuestros impuestos, de instituciones y organismos de control para supervisar la gestión pública y la correcta administración de los recursos. Si ante la denuncia de irregularidades e ilegalidades por parte de estos organismos nadie asume ninguna responsabilidad y se hace caso omiso a las recomendaciones, ¿para qué sirven? Porque si su trabajo se reduce a hacer un informe sin ninguna consecuencia, igual nos podríamos ahorrar mucho dinero suprimiendo esos organismos de control. Y, espera, que el “Informe de Fiscalización de las Cuentas Generales de Navarra Ejercicio 2024” que Comptos hará público el año que viene, nos desvelará las irregularidades que el gobierno de Chivite ha seguido cometiendo en el año 2024. ¿Y seguirá sin pasar nada?

Urralburu también lo negó todo.

Chon Latienda Urroz es comentarista política.