La gestión de emergencias es un desafío que pone a prueba a toda la sociedad, especialmente en un contexto de eventos extremos cada vez más frecuentes debido al cambio climático. 

La reciente Dana en Valencia es un hecho claro de cómo los eventos climáticos extremos pueden desbordar los recursos locales en los primeros momentos. Situaciones como esta subrayan la urgencia de actuar en múltiples frentes: formar a la ciudadanía, coordinar a las instituciones y fortalecer las infraestructuras preventivas.

En Navarra, la desaparición de la Agencia Navarra de Emergencias es un ejemplo de cómo decisiones políticas pueden debilitar estructuras fundamentales para la gestión de crisis. 

Si bien el esfuerzo de los servicios de emergencia, instituciones y voluntarios sigue siendo encomiable, son necesarias estructuras sólidas con una planificación estratégica que priorice tanto la respuesta inmediata como la prevención a largo plazo. 

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Las primeras horas de cualquier desastre suelen ser las más críticas, y la realidad es que, ante eventos de gran magnitud, es imposible para las instituciones llegar a todos los rincones al instante. 

Es aquí donde la formación ciudadana y una red bien articulada de voluntarios pueden marcar la diferencia entre salvar vidas o lamentar tragedias.

Por ello, es imprescindible capacitar a los ciudadanos para saber cómo actuar en los momentos críticos; desde técnicas básicas de primeros auxilios hasta el conocimiento de protocolos de evacuación. Una población bien entrenada puede salvar vidas y reducir daños mientras llegan los equipos especializados. Esta formación no debe ser exclusiva para adultos. 

Es crucial integrar una asignatura específica sobre gestión de emergencias y autoprotección desde la educación primaria. Incluir estos contenidos en el currículum escolar fomentará una cultura de prevención y responsabilidad desde una edad temprana. Los niños y jóvenes aprenderían no solo a protegerse, sino también a colaborar de manera ordenada en situaciones de crisis, creando generaciones más conscientes y preparadas.

La creación de redes de voluntarios bien organizadas y capacitadas representa un paso esencial en la gestión de emergencias. Estas redes, coordinadas por instituciones públicas y organizaciones especializadas, permitirían movilizar recursos humanos en los primeros momentos de una catástrofe, especialmente en áreas remotas o con acceso limitado. 

El papel de organizaciones como Cruz Roja, DYA y Protección Civil es central en este sentido. Estas entidades cuentan con experiencia, recursos y estructura para capacitar a ciudadanos y coordinar su participación en emergencias. Además, el Ejército y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han demostrado ser aliados fundamentales, gracias a su capacidad logística, su despliegue rápido y su experiencia en escenarios complejos.

La participación activa de la ciudadanía no solo descarga parte de la presión sobre las autoridades en los momentos iniciales, sino que también fomenta una cultura de responsabilidad compartida. Esto incluye desde saber reaccionar ante una emergencia hasta participar en la reconstrucción y recuperación tras un desastre.

La reciente Dana ha evidenciado que, aunque los recursos locales son fundamentales, muchas veces no son suficientes para atender emergencias de gran magnitud. Por ello, es imprescindible fortalecer la coordinación entre instituciones autonómicas, nacionales y locales. 

Planificar y ensayar protocolos conjuntos permitiría una respuesta más ágil y eficiente en situaciones críticas. El papel del Gobierno central y de las comunidades autónomas debe ser complementario. Mientras las autonomías gestionan los recursos locales y conocen mejor el territorio, el Gobierno central puede aportar refuerzos, como los medios de la UME, personal de la FCSE o los fondos para infraestructuras preventivas. 

También, por qué no, la asunción del mando operativo y de coordinación de la emergencia. La planificación debe prever estas circunstancias, promoviendo una acción conjunta que garantice recursos adicionales donde las capacidades locales no sean suficientes. También es fundamental garantizar un flujo de comunicación fluido entre ambas esferas para evitar duplicidades o vacíos de actuación.

Cada emergencia deja lecciones valiosas. Se destapa la vulnerabilidad de las infraestructuras urbanas y rurales ante lluvias torrenciales y pone en evidencia la necesidad de invertir en prevención: sistemas de drenaje más eficientes, urbanismo adaptado al clima, mapas de riesgo actualizados y mantenimiento continuo de cauces y embalses. Además, la tecnología puede ser un gran aliado. Sistemas de alerta temprana accesibles y confiables, junto con herramientas digitales que conecten a ciudadanos, voluntarios e instituciones, mejorarían la respuesta inicial.

La gestión de emergencias no es solo tarea de las instituciones; es un compromiso colectivo. Navarra y el resto de España necesitan apostar por una ciudadanía formada, una coordinación efectiva y una inversión decidida en prevención. Las FCSE, el Ejército, la UME y las organizaciones humanitarias ya han demostrado su valía, pero es necesario complementarlas con redes ciudadanas y educativas. No podemos evitar todos los desastres, pero sí podemos reducir su impacto. La clave está en actuar con previsión, compromiso y unidad. Porque salvar vidas es, en última instancia, una responsabilidad compartida.

Eradio Ezpeleta Iturralde. Criminólogo. Profesor de la Escuela de Seguridad de Foro Europeo y último director de la Agencia Navarra de Emergencias