En los años 80 y sobre el sistema existente de Seguridad Social, se creó el Sistema Nacional de Salud (SNS) en España. Un sistema para todos los ciudadanos (universal), gratuito en el momento del servicio (financiado básicamente por los impuestos), y gestionado por las Comunidades Autónomas. Cambio sustancial personificado por el ministro Ernest Lluc que constituye un pilar básico de nuestra sociedad; y que ha sido y en gran medida sigue siendo, uno de los mejores sistemas a nivel internacional en términos de resultados en salud y coste comparativo. Un lujo en el panorama global, y clave también para el desarrollo económico sostenido y la cohesión social.

Sin embargo, nuestra sociedad ha cambiado mucho en estas últimas décadas; así como su realidad, cultura y necesidades. Además, el envejecimiento de la población, la cronificación de enfermedades, las nuevas tecnologías y tratamientos, así como las expectativas y exigencias sociales han disparado la (s) demanda (s) constituyendo un reto para el sistema sanitario; cuyas debilidades estructurales (insuficiente financiación, deficiente gobernanza y rendición de cuentas, así como limitaciones importantes en gestión económica y de personal), no permiten responder adecuadamente a las nuevas necesidades y exigencias de la sociedad.

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Y, a todo esto, llegó la pandemia por covid que impactó radicalmente en muchas cosas y también sobre nuestro sistema sanitario que, aunque estuvo globalmente a la altura, sufrió mucho como es evidente. Dicho de otra manera, sobre unas debilidades preexistentes, la pandemia rompió las costuras del sistema. Como lecciones principales para aprender destacaría la necesidad de una mayor financiación y refuerzo del sistema sanitario, las reformas estructurales imprescindibles, y prepararnos mejor ante pandemias futuras, que las habrá. Y ahí estamos.

Mientras tanto durante estos últimos años, crece el aseguramiento privado en salud de una manera significativa. Ante el aumento de los tiempos de espera y el empeoramiento de la accesibilidad, un número creciente de ciudadanos que se lo pueden permitir contrata un seguro y/o paga de su bolsillo servicios sanitarios. Las debilidades de nuestro sistema sanitario público constituyen las oportunidades de crecimiento y expansión acelerada del sector privado. Si no resolvemos urgentemente las primeras, una parte significativa de la población (sobre todo sus clases medias) acabará abandonando el sistema y éste se deslegitimará socialmente abriendo las puertas a su eventual transformación radical y/o desaparición. La situación no permite complacencias, especialmente si estamos convencidos del valor que tiene nuestro sistema sanitario para las personas, sobre todo para las que están en mayor necesidad. En Navarra el porcentaje de aseguramiento privado es el más bajo de todas las CCAA (sobre 11% del total de la población, País Vasco 22%, Madrid 38%), y quizás no se perciben tan drásticamente las debilidades de la situación. Probablemente debido a nuestra tradición y trayectoria sanitaria, la formación y valor de sus profesionales, así como al hecho que estamos entre los primeros en gasto sanitario per cápita. Sin embargo, las encuestas de satisfacción, aunque siguen dando puntuaciones altas, muestran una tendencia inequívoca de pérdida de satisfacción particularmente en accesibilidad. Lo complicado de la situación puede volverse crítico si no abordamos las reformas estructurales imprescindibles. Es hora de visión y de valentía. Nuestros servicios de salud son algo esencial para nuestra sociedad. De lo más importante. Y no podemos fallar ni permitir que continúen los problemas e insatisfacciones y se deteriore lo que tanto valor tiene y garantiza para el conjunto.

La mayor parte de los sistemas sanitarios en Europa están planteándose cambios en profundidad. También en nuestra “nación de naciones”. Nuestros vecinos del País Vasco y Catalunya han puesto en marcha procesos de reforma. En Navarra tenemos una oportunidad única con el proyecto de nueva Ley Foral de Salud ahora mismo en trámite. Pero si no la aprovechamos para introducir cambios disruptivos, de calado, habremos desaprovechado la oportunidad. Hay que ser claros. Con el status quo actual, no es posible responder a las necesidades y exigencias de muestra comunidad, ni mejorar, por ejemplo, sus problemas de acceso y listas de espera. Se trataría, en resumen, de invertir y capitalizar el servicio y sus profesionales, establecer una nueva gobernanza, con más autonomía sí, pero también con más responsabilidad y rendición de cuentas. Y un marco autónomo respecto a la función pública foral, muy especialmente en la gestión de personal.

Seguramente habrá resistencias importantes para hacer lo que procede hacer. Algunas serán externas, incluso de la sanidad privada. Pero también habrá resistencias internas, de la propia administración foral. Pero la ciudadanía es lo primero. Por legítimos que puedan ser los intereses particulares y/o corporativos, la prioridad son las personas. Para hacerlo posible, además de Salud, el proceso de mejora y reforma de nuestros servicios tiene que ser liderado desde el más alto nivel del gobierno, por la propia Presidenta. Sería recomendable promover un proceso participativo inteligente que incluya por supuesto los grupos parlamentarios, pero también los colectivos sociales directamente implicados, colegios, sindicatos, organizaciones profesionales y asociaciones científicas. Se trata de facilitar un acuerdo amplio en torno al objetivo de una Ley Foral de Salud avanzada y de referencia. Que cree las bases de los servicios de salud que necesitamos y queremos para las próximas décadas. Es lo que exige el momento y se merece nuestra Comunidad.

Carlos Artundo Purroy. Médico psiquiatra, máster en salud comunitaria. Consejero de salud (1987-91). Director general de salud (2019-23)