El modelo del Ministerio fiscal contemplado en el artículo 124 CE trató de buscar una fórmula conciliatoria que separándose del parqué francés muy dependiente del Gobierno que lo nombra y del modelo del Fiscal de EE.UU muy independiente, tratase de conjugar la promoción de la defensa de la justicia en defensa de la legalidad, con los principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero con sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad.

La guinda del Ministerio Fiscal se contiene en el artículo 124.4 CE, donde se dice que el Fiscal General del Estado (FGE) será nombrado por el Rey, a propuesta, del Gobierno, oído el Consejo General del Poder judicial (CGPJ).

Con estos mimbres ha jugado la democracia española desde el primer FGE nombrado en tiempos del Presidente Suárez, Fanjul Sedeñó (1978-80), hasta el hoy encausado por el TS (Sala 2ª) por un presunto delito de revelación de secretos oficiales tipificado en el articulo 417 CPenal, Álvaro García Ortiz, que no pasará al historia de la Justicia española por su respeto a la legalidad e imparcialidad como exige la CE y el Estatuto del Ministerio Fiscal.

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Han sido muchos los fiscales designados por los diferentes gobiernos, hasta 16, y de diferente extracción profesional, todos ellos Fiscales de carrera, Magistrados del TS, ex- Ministros y algún político como Leopoldo Torres Borsault, que fue vicepresidente del Congreso de los diputados y abogado. También mujeres y hombres, aunque prevalecen los de sexo masculino. La primera mujer FGE fue nombrada por el Gobierno Rajoy, Consuelo Madrigal y luego el Gobierno de Sánchez ha nombrado a otras dos, María José Segarra y Dolores Delgado (Lola como quería que la llamasen).

Han desfilado en la nómina del Ministerio Fiscal algunos muy queridos y renombrados en la propia carrera fiscal como E. Torres Dulce, que sin embargo dimitió con Rajoy; otros muy criticados como Eligio Hernández, conocido como el Pollo del Pinar por su afición a la lucha canaria, que dió lugar en la intrahistoria funcionarial a la llamada doctrina Eligio Hernández para el cómputo de los quince años requeridos para el cargo, porque los había completado siendo Gobernador Civil; más tarde el TS anuló su nombramiento en junio de 1996. También Magistrados del TS, como Carlos Granados, Sánchez Melgar, y Conde Pumpido. Y otros que duraron muy poco en el cargo, como Ortiz Úrculo o Maza que murió en viaje oficial en Argentina.

Burón Barba se destacó como Fiscal en el 23 F y J. Moscoso y Jesús Cardenal desempañaron sus cargos, bajo el Gobierno de Felipe el primero, y de Aznar el segundo, siendo este último un Fiscal muy criticado. Tenía un rictus muy profesional, pero de persona ya de cierta edad.

Todos ellos desempeñaron sus cargos con mayor o menor acierto y nadie fue imputado, salvo el citado García Ortiz, embelesado con Pedro Sánchez y al que después del Auto del TS, de 15 de octubre pasado de apertura del procedimiento penal, puede ser imputado por el instructor de la causa Sr. Hurtado Adrián (magistrado del TS), y tras el enjuiciamiento verse envuelto en una condena de inhabilitación especial y perder su condición funcionarial, amén de la pena de multa o de prisión. Es solo una posibilidad, pero real.

El Fiscal más político del momento, aunque la memoria nos traiga el recuerdo de algún otro puede caer si Sánchez dimite antes o después. Es mucha la vinculación política del actual FGE con el presidente Sánchez. Seguramente pensará que Sánchez es eterno y que le salvará o encumbrará a puesto de mayor pompa y ostentación.

Así están las cosas en nuestro país, donde resuenan los ecos de las enseñanzas de los Premio Nóbel de Economía de este año, en especial D. Acemoglu y J. Robinson, en su libro ¿Por qué fracasan los Países? en inglés 'Why Nations fail?', donde la corrupción y el debilitamiento de las instituciones se configuran como el caldo de cultivo de los Estados democráticos fallidos.

Ojalá García Ortiz dimita, aunque no sea de forma inmediata, y se nombre a un FGE independiente o al menos con menor vinculación política. Aunque no guste a algunos, sería mejor que el articulo 124.4 CE dijese que “El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del CGPG con refrendo de su presidenta” (hoy), sin intermediación de Gobierno alguno, pues ya sabemos que se buscan siempre fiscales afines.

Manuel Pulido Quecedo. Abogado. Doctor en Derecho