Se hace cada vez más difícil contabilizar las líneas rojas que el partido socialista ha cruzado en su blanqueamiento a Bildu en esta legislatura. Muy difícil. Y que la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa dependa de una ensalada de socios parlamentarios que se balancea en el alambre no ayuda precisamente a aminorarlas. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es la última de ellas. 

Es verdad que siempre ha estado entre ceja y ceja de los que han venido en autodenominarse bloque progresista. De hecho, y en otro ejemplo de apropiación del lenguaje, la norma es comúnmente conocida por el apelativo que le dieron las entonces fuerzas de la oposición al PP: Ley Mordaza. 

Pese a que todos anunciaron a bombo y platillo su intención de derogarla, las incompatibilidades naturales de unos y otros lo abortaron hace unos meses. Y así, este julio la ley ha cumplido ya 9 años en vigor. 

Ahora vuelve a la palestra con el enésimo acuerdo entre socialistas y abertzales, sólo que esta vez los de Pedro Sánchez se avienen a lo que hasta hace nada era innegociable para el ministro Grande-Marlaska: rebajar las sanciones por desobedecer a los agentes de la autoridad. Vamos, una nueva concesión al independentismo. 

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El pacto nace sin embargo con un destino incierto por la falta de apoyos necesarios para sacarlo adelante: Junts ya pide más y el PNV, al que Bildu vuelve a sorprender, está por ver qué hará al final. Lo que sí es ya evidente es que supone un nuevo sonrojo para la militancia socialista de a pie, esa que sufrió el zarpazo de ETA y ahora ha de tragar con pasear de la mano con los de Arnaldo Otegi. Porque los apoyos de Bildu no son gratuitos.

Y éste llega un día después de que a dos terroristas confesos y no arrepentidos de ETA se les acabe de conceder el tercer grado. Uno de ellos, el asesino de Fernando Buesa, líder de los socialistas alaveses y vicelehendakari del gobierno vasco a comienzos de los 90.

 Que coincida en el marco temporal del acuerdo ayuda a comprender declaraciones como la de ayer de la socialista navarra Ainhoa Unzu. En el Parlamento foral acusó a UPN de “blanquear los discursos de Vox” y de “dar alas a una ultraderecha” que no respeta los derechos humanos. 

Que es precisamente lo que el mundo abertzale y los herederos políticos de ETA desdeñaron durante décadas. Es una estrategia de primero de política: achacar al contrario tus propias faltas.