Leí con atención, mientras una oleada de pena y asco me iba ganando, la carta en la que José Ignacio Ulayar detalla el comportamiento del asesino de su padre que ha tenido que sufrir su familia, una muestra incontestable, llena de detalles precisos y crueles, del desprecio y la falta de arrepentimiento de ese sujeto, y de la enfermedad moral que todavía aqueja a una parte de nuestra sociedad, en la que algo así es posible. 

Es la carta de quién quiere mostrar una herida abierta que no termina de curar. Un grito de quien ya está harto. Una sociedad decente y civilizada es aquella cuyas instituciones no humillan a la gente, como ha ocurrido con esta familia, que no ha encontrado amparo en ellas, tan llenas de grandes discursos que solo confunden y que al final orillan a las víctimas que molestan. 

Una sociedad decente es aquella en la que sus ciudadanos no se humillan unos a otros y respetan su dignidad. El ejemplo máximo de esa indignidad sería la risa del verdugo sobre la víctima, el aumentar el dolor del agredido, el consentir el odio y marear a quien pide un poco de respeto, ya que la asunción de la culpa y la petición perdón parecen imposibles. 

Vivimos un olvido impuesto de lo que fue el terrorismo de ETA y da grima escuchar el clamor de Ulayar o leer lo que Manuel Sarobe ha escrito en este mismo periódico sobre la manera en que se mantienen impunemente todos los signos del oprobio que insultan a una víctima en su propio pueblo y premian a los que lo mataron. 

Una sociedad justa y feliz puede que sea una quimera, un mundo en que todos estemos de acuerdo no es posible ni deseable, pero una sociedad decente, que no humille más al humillado, que no se ensañe con el ofendido, es imprescindible; es requisito democrático mínimo, límite para la salubridad pública, compromiso básico antes de ser admitido en política, pues la política empieza justo más allá de ese mínimo ético sin el que no es posible estar con los otros, y no puede existir comunidad ni acuerdo sobre todo lo demás.