Una práctica nociva para el prestigio de las instituciones, y por ende para la fortaleza del sistema democrático, se ha extendido peligrosamente en nuestro país: la acusación, ya sea directa o implícita, de que los tribunales adoptan decisiones dirigidas a influir en la vida política. 

Esos ataques podían resultar inocuos cuando eran esporádicos y procedían de fuerzas irrelevantes por su condición de muy minoritarias. En absoluto lo son cuando provienen de formaciones influyentes en el mapa parlamentario o que, incluso, participan en el Gobierno o encabezan la oposición. 

El extendido uso de resoluciones judiciales como arma arrojadiza en la disputa partidaria, en la que a las legítimas críticas que pueden suscitar no se contraponen razonamientos jurídicos, sino argumentos que cuestionan sin ambages la independencia de quienes las han emitido, ha desatado una dinámica indeseable que no sólo deja malparada la imagen de la Justicia. 

Además, pone en solfa la separación de poderes, un fundamento básico de cualquier Estado de Derecho. 

El supuesto ‘lawfare’ con el que el independentismo y grupos antisistema intentan desacreditar la calidad de la democracia española ha sido asumido en cierta forma por la izquierda y por la derecha con un irresponsable fuego cruzado que tiene como principales protagonistas al Supremo y al Constitucional. 

Las gruesas descalificaciones lanzadas contra ambos tribunales, en algunos casos por pronunciamientos muy controvertidos, han sobrepasado con mucho los límites de lo tolerable y dibujan en el imaginario colectivo una imagen letal para su credibilidad: su supuesta contaminación por la política. 

Los conservadores alaban las decisiones del primero, para el que exigen respeto, y arremeten sin piedad contra el segundo por su presunta afinidad al Gobierno, mientras los progresistas invierten esos papeles. 

El PSOE y el PP anteponen el cortoplacismo partidista a cualquier interés superior, como el buen nombre de las instituciones, en su refriega a propósito de la amnistía por el ‘procés’. Aún están a tiempo de evitar el avance de esa peligrosa deriva.