El poder político todo lo puede. Esa parece ser la máxima del presidente del Gobierno. No le importa cambiar la legislación en torno a la seguridad del estado o normas de financiación de las CC AA de régimen común, si con ello Illa ha podido ser investido y formar gobierno, que se dice recupera la centralidad en Cataluña. Un tiempo nuevo para una política centrada podía ser un eslogan para el Gobierno de Illa. 

La Constitución-en el universo sanchista- aparece como texto dúctil que está para servir a sus propósitos de gobierno y no para ejercer el poder en el marco de una Constitución normativa. La soberanía nacional como dice Bolaños reside en el Congreso, sin leer el art.1.2 CE, que declara que la soberanía “reside en el pueblo español”.

Las cosas del común, sin embargo, no son tan fáciles de manosear incluso para un presidente sin límites, si el propósito lo merece, en este caso, formar Gobierno en Cataluña. Vaya por delante que deseo lo mejor para sus ciudadanos si logran superar el trauma del procés como ahora se dice y logran formar como se ha hecho un Gobierno que enderece el rumbo perdido desde 2012 con el mesiánico Mas, pasando por el estrambótico y huidizo Puigdemont y el desobediente Torra. Aragonés seguramente será recordado como una errata gris marengo en la reciente historia catalana.

Para superar todo este 'imbroglio' que ha puesto patas arriba el Estado constitucional diseñado en la CE/78, y ha sembrado el desgobierno desde 2012 en Cataluña con elecciones continuas tras la declaración fallida de independencia y desgobierno absoluto, las elecciones de 12 de mayo dieron el triunfo a Salvador Illa. La matemática electoral excluyó un posible gobierno independentista porque la suma de Junts y Esquerra no daban para obtener la mayoría absoluta de 68 escaños, máxime cuando el gran derrotado de dichas elecciones era ERC.

En un primer momento se especuló que si Esquerra daba sus votos a Illa junto con los comunes de Allbiach podía haber tripartito. Pero pese a las tensiones internas de ERC, tras las dimisiones de Aragonés y Junqueras, se ha logrado arrancar de Sánchez un Acuerdo sobre financiación singular de Cataluña (EAC), conocido como cupo catalan, que sobrepasa la CE, el propio Estatuto de Cataluña (artículos 201 y 204) y la LOFCA, al ceder toda la recaudación de impuestos estatales a Cataluña, crear una Agencia tributaria catalana que no contempla el citado artículo del EAC a cambio de no se sabe qué. Esto en materia económica, pues quedan más cosas como la inmersión lingüística total, la creación de un cuerpo diplomático, embajadas. Quieren que Cataluña sea como Quebec y de ahí al referéndum. Está por ver que esta operación salga aunque no es de extrañar que se consiga teniendo en cuenta que ya se ha cedido cosas impensables, como la sonrojante Ley de amnistía.

Para vender dicho convoluto se ha echado mano de que el sistema de las autonomías evolucionará hacia un Estado Federal, cosa imposible en los términos actuales donde lo único que existe es una bilateralidad insolidaria que busca asegurar el Gobierno catalán y el de Madrid, pues aunque el despechado Puigdemont quiera poner palos en la rueda, a Sánchez solo lo saca del gobierno una moción de censura, hoy por hoy imposible, y los asuntos familiares, cosa que esta por ver.

En todo esta operación de ingeniería política, llama la atención que se busca por los correligionarios y camaradas del nuevo Gobierno de Illa el aval (o se miran en el espejo) del Amejoramiento del Fuero (LORAFNA), verdadera obra de orfebrería constitucional, pactada por PP-UPN y PSOE sobre la idea-proyecto del foralista Jaime I. del Burgo, que tratan ahora de invocar con el argumento de que si Navarra pactó con el Estado de tú a tú por qué no puede hacerlo Cataluña.

Se olvidan de algo tan esencial como su previsión en la CE/78 y lo que es también fundamental la lealtad al Estado y al conjunto de la nación española, cosa que brilla por su ausencia en los independentistas, que buscan la disgregación y sacar su propio provecho. Todo sea, dicho con cierta sorna, por Cataluña y por Sánchez.

Manuel Pulido Quecedo es abogado y doctor en Derecho