Es insólito que la esposa de un presidente del Gobierno esté imputada por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. También que un juez se traslade a La Moncloa para tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo. Y que éste, tras acogerse a su derecho a no hacerlo, se querelle por prevaricación contra el instructor a través de la Abogacía del Estado aunque no esté comprometida la institucionalidad de su posición, sino las actividades de su cónyuge. 

Tal correlación de hechos vivida este martes retrata una situación excepcional en la que debe primar el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Al exigir que Pedro Sánchez declarara en persona, y no por escrito, el juez Juan Carlos Peinado priorizó la condición de marido de Begoña Gómez a la de presidente, como si ambas fuesen separables, en una tal vez cuestionable interpretación jurídica. Como lo es si sus investigaciones han desbordado o no los límites marcados por la Audiencia de Madrid.

 Ello no justifica los ataques de los que ha sido objeto desde instancias de poder ni exime al presidente y su esposa de ofrecer las explicaciones que todavía deben a la opinión pública sobre unas actividades de dudosa ética y poco estéticas. 

Pero es que este último martes de julio dio para más. Sánchez y sus socios, de todos los colores, se afanan en llegar a agosto cosiendo su primer año de Gobierno mientras la legislatura transita de sobresalto en sobresalto. 

Y el día después al acuerdo entre ERC y PSC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat volvió a evidenciar lo endiablado de la aritmética parlamentaria a la que está sujeta el líder socialista para seguir en La Moncloa. 

El concierto catalán, expresión de la que se huye en Ferraz, ya ha soliviantado tanto a barones del PSOE como a socios del Gobierno, incluido el propio Sumar. No en vano, tiene un difícil encaje constitucional y dinamita el modelo de financiación. Y, por si fuera poco, requiere la reforma de una ley orgánica que a día de hoy carece de los apoyos suficientes, lo que, a falta de que las divididas bases de Esquerra se pronuncien sobre el preacuerdo, la deja en el alero.