La demanda de personas y familias que esperan acceder a una vivienda protegida y llevan años sin que se les atienda se sitúa en 17.530 y alcanza una cota máxima jamás conocida en la historia de la Comunidad Foral.

Para los incautos que aún se prestan a creer los latiguillos de quienes por no hacer lo que deben, echan la culpa a “la especulación” o los “pelotazos” basta recordarles que ni en tiempos de la burbuja inmobiliaria, ni en la época de la gran crisis, ni en los periodos de recuperación económica ni tampoco bajo gobiernos de otro signo, jamás se ha alcanzado este insoportable máximo histórico de miles de personas que tienen capacidad de acceder a una vivienda protegida pero el gobierno les niega toda posibilidad simplemente por no reconocer que existe un enorme problema de escasez de oferta.

Desde el año 2015 (4.778 demandantes) hasta el año 2023 (17.530), el problema de demanda sin atender en Navarra se ha triplicado con creces.

Todos los organismos, colectivos e instituciones que han abordado la cuestión con la única excepción de los miembros del gobierno de Navarra, reclaman desde hace años la urgencia de disponer de más suelo para agilizar la oferta de vivienda protegida y frenar esta desesperante situación.

En los años 90 ante un repunte de demanda (con gobierno socialista), se puso en marcha el plan Mendillorri, en la primera década de este siglo con gobiernos de UPN se ejecutó Sarriguren: 5.000 viviendas de las cuales el 93% gozaban de algún tipo de protección. Después en 2010 llegó Ripagaina y se dio luz verde a lo que iba a ser el plan de Echavacoiz San Jorge en torno a la futura estación del TAV y después… ¡nada!

Los gobiernos nacionalistas y de Chivite han entrado en un bucle de frases huecas y palabrería (cambio de paradigma etc.) a la par que no solamente no han agilizado planes ya aprobados, sino que los han paralizado y torpedeado causando perjuicio directo a todos esos miles de familias que están hartos de esperar un derecho que se les niega.

Para verificar esta última afirmación, viene al caso observar estos dos hechos:

El Plan del TAV es susceptible de crear 12.000 viviendas, al menos la mitad de ellas protegidas. Quedó aprobado con todos sus documentos urbanísticos en 2015 y en los años posteriores a lo largo de los gobiernos de Barkos y Chivite lo han dejado parar y desactualizar y proponen ahora volver al inicio, es decir: retroceder nueve años, además de hacer depender su impulso del gobierno municipal de EH Bildu que tiene como uno de sus principales empeños, boicotear y obstaculizar este desarrollo de progreso. Así “ayudan” a estos miles de familias en espera de vivienda.

El plan Donapea, capaz de crear más de 5.000 viviendas se reinicia con el proceso de alegaciones. Pues bien, el partido político de la Consejera de vivienda (Contigo Zurekin) alega que : “no está justificada la demanda de vivienda” (pag. 31 del referido informe). Tal cual: Los encargados en el Gobierno de Chivite de dar solución a la mayor acumulación de personas en demanda de vivienda protegida en Navarra, niegan el problema y en lugar de agilizar los trámites, los objetan.

No se conoce ninguna programación de generación de vivienda protegida alternativa a estos planeamientos.

¿De verdad que cabe esperar algo de estos gestores?

Por si fuera poca la incompetencia de los responsables políticos, desde el Gobierno de Navarra se ahuyenta de forma intencionada a los particulares que podrían poner sus viviendas en alquiler y de esta forma contribuir a frenar el problema. La propia consejera recientemente promueve anuncios en los que ella misma tilda de “especuladores” a las personas que estarían en disposición de alquilar su vivienda a precio de mercado.

Recientemente la presidenta de la Comisión europea anunció la urgente necesidad de poner en marcha un plan de construcción de vivienda para hacer su acceso asequible. Algunas comunidades españolas ya han tomado cartas en el asunto y afrontan la promoción de importantes áreas de nueva construcción.

Aquí en Navarra, por primera vez en mucho tiempo, despreciamos la creación de vivienda protegida en términos suficientes y sostenibles, retrasando y paralizando acciones que atajarían el problema. De nuevo estamos dando la espalda al desarrollo y al progreso y sobre todo, perjudicando aún más a todas estas personas que esperan acceder a una vivienda asequible y necesitan la intervención de un gobierno que menosprecia sus aspiraciones y sus derechos.

Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia es parlamentario foral por UPN.