Diario de Navarra

Empezamos la semana pasada con los vaivenes de la mesa del diálogo social y la terminamos con la pretensión del Gobierno de ampliar, aún más, su esfera de influencia en las instituciones del Estado colocando a un ministro en activo en la plaza vacante de gobernador del Banco de España. Lo de la mesa de diálogo empezó bien, cuando el Ministerio de Economía exigió una flexibilización de las pretensiones iniciales del Ministerio de Trabajo y abrió la puerta a retrasar la entrada en vigor de la jornada reducida y a modificar parte de sus condiciones iniciales. No de la ampliación del límite autorizado a la cantidad de horas extras que se ha convertido en la principal “señal” para determinar quién gana o pierde el pulso en la contienda. La asamblea de Cepyme subió la temperatura del conflicto al lanzar un ataque duro y directo al Gobierno. Se quejó de su constante intervencionismo y lamentó que todas las medidas que adopta sean siempre de signo contrario a sus intereses y entorpezcan la operatividad de las empresas. Es evidente que la reducción prevista de la jornada afecta en mayor medida a las compañías pequeñas y medianas. Cuanto más pequeño es su tamaño, más afecta a su funcionamiento operativo y más negativo es el impacto en sus cuentas de resultados. Lanzó un cálculo del coste extra que supondría la medida para sus asociados, cifrado en 40.000 millones que parece exagerado y que todas las cifras manejadas después han reducido de manera apreciable, aunque se hayan mantenido siempre por encima de los 12.000 millones de euros. La asamblea de CEOE no fue mejor y el presidente Garamendi acusó al Gobierno de actuar en contra de la empresa, de los ciudadanos e, incluso, del país. Una dura afirmación que no ha tenido contestación. ¿Ha despertado de su buenismo tradicional y ha abjurado de sus invencibles políticas de contento social? En definitiva, ¿se ha convertido en business friendly? No creo. La respuesta más pertinente la facilitó la filtración de la patronal catalana, cuando transmitió la postura de Junts que no parecía dispuesto a aprobar con su voto en el Congreso la reducción de la jornada. Una postura que abría una nueva brecha dentro del Ejecutivo, en un momento de extrema debilidad y en plena negociación de la investidura de Illa que no necesita nuevos y mayores impedimentos. Luego, Garamendi cifró la reducción prevista en su equivalente a 12 días de vacaciones gratis. Una sorpresa que el secretario general de UGT negó y mejoró, al asegurar que, según sus cálculos eran 16 días. Sin pestañear. España, que ocupa el lamentable puesto de cola de la evolución de la productividad en Europa, se sitúa en el tercer puesto de la jornada más corta. ¿Tiene algo que ver? ¿Ha calculado el Ministerio el impacto que tendrá la rebaja en el aumento de la productividad? No creo y desde luego, si lo ha hecho no lo ha publicitado. ¿O es que no considera que no tiene nada que ver una cosa con la otra o piensa que no es importante? Siempre me sorprende que las decisiones adoptadas por este Ministerio sean siempre globales y únicas para todos. Y siempre me causa pavor que no se hagan estimaciones del impacto que previsiblemente producirán. Más que indolente me parece una postura temeraria y más que perezosa me resulta incomprensible. Gobernar sin analizar es como navegar sin brújula. Y, como dijo el emperador Sila cuando le trajeron la cabeza de su rival Mario el Joven, antes de dirigir el timón hay que saber manejar el remo. Mayormente, por mera precaución…

Diario de Navarra

Primero el remo, luego el timón

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