Es descorazonador que ni un asunto de la magnitud del de los menores migrantes no acompañados quede al margen de las cuitas políticas. Lo ocurrido en la conferencia sectorial de Tenerife, y reacciones extemporáneas como la de Vox, que le retrata en la crisis provocada con el PP después de que los populares no cediesen a sus presiones, o la del secesionismo, deja claro que ni la inexcusable prioridad de las necesidades de los recién arribados ni la política de Estado prevalecen sobre cálculos de interés. 

No es un problema de solidaridad, que también, sino de una responsabilidad que concierne al conjunto de las administraciones. Navarra tiene acogidos en este momento a 114 menores migrantes no acompañados, y tiene previsto atender 15 más después del encuentro de Tenerife. 

El Gobierno central recurre a un argumento aparentemente infalible. Dado que el reparto voluntario de la acogida de los menores ha resultado fallido, es necesario reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para hacerlo obligatorio. 

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Una lógica que, para no convertirse en otro tema de confrontación entre Gobierno y oposición, debe estar arraigada en un amplio y necesario consenso. No solo porque el cambio legislativo requeriría que Sánchez volviera a desentenderse de parte de sus aliados para alcanzar un acuerdo con el PP, que ayer Patxi López aseguró que van a buscar hasta el último minuto. También porque supera las aristas políticas.

 El problema reside en que si Canarias, Ceuta, Melilla o Andalucía se encuentran desbordadas por la afluencia de menores no acompañados, su traslado obligatorio al resto de autonomías sin que estas dispongan de más medios podría conducir a un efecto embudo. A la par de que se implantase tal obligatoriedad sería urgente proceder a la habilitación de unidades de acogida suficientes. 

Feijóo ha señalado que la Administración central tendría que hacerse cargo de los menores no acompañados que las comunidades no se vean en condiciones de acoger. Desde el punto de vista de la consolidación del Estado compuesto, y en cuanto a las necesidades de esos menores, lo correcto sería exigir a Madrid los medios precisos para que las instituciones competentes en servicios sociales y en educación puedan asumir una responsabilidad que no deberían rehuir. El reto es de tal magnitud que exige un abordaje estructural, alejado de extremismos y discursos populistas.