La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este miércoles debe dar una respuesta solidaria a la afluencia de menores extranjeros no acompañados; tanto para aliviar la situación en las comunidades más saturadas como, sobre todo, para asegurar los derechos de los migrantes solos de menos de 18 años y su protección en tanto que personas vulnerables. 

Ningún Gobierno autonómico puede escurrir el bulto, ni verse eximido de su cuota de responsabilidad. Y el Gobierno central tiene que garantizar que la acogida requerida de jóvenes que se dirigen especialmente a Canarias y a Andalucía y que es necesario distribuir por el resto del territorio contará con una financiación suficiente a cuenta del erario nacional. 

A medida que se aproximaba la cita del miércoles, su orden del día ha ido derivando hacia una discusión partidaria desordenada y ventajista sobre la migración en su conjunto. Es imprescindible que la Unión Europea y sus países miembros dediquen más esfuerzos a reducir en origen las corrientes migratorias que aspiran a alcanzar Europa. 

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Y sobre todo evitar mensajes contrarios a la solidaridad que proponen recetas simples y populistas para abordar un problema complejo y estructural. En cualquier caso, y sin eludir el debate general, es necesario dar una respuesta a la afluencia de menores no acompañados, muchos de los cuales llegarán a la edad adulta entre nosotros. El desafío no está en la frontera, sino a este lado de la divisoria. 

Un país diverso y descentralizado como el nuestro ofrece a esos niños y adolescentes más oportunidades formativas y de integración laboral que su concentración solo en las comunidades de llegada. Y el escepticismo y los prejuicios que los rodean no pueden convertirse en una suerte de profecía autocumplida. Para lo que los servicios sociales deben explorar las oportunidades que ofrecen familias y personas de su mismo origen, cultura, lengua y creencia asentadas en España como ámbito natural de acogida.