Al comienzo del año 2020, tras casi nueve meses en funciones, fue investido como presidente del gobierno Pedro Sánchez, en su segundo mandato, marcado por el confinamiento y la gestión de la pandemia de Covid-19, siendo decisiva para ello la abstención del partido independentista catalán ERC, y ya es sabido el elevado coste para el Estado por mantenerlo en su puesto durante la pasada legislatura.

En efecto, Cataluña recibió del Estado, según afirma 'El Debate', una financiación de 54.000, 52.000 y 56.000 millones de euros para su normal funcionamiento, durante el trienio 2021-2023, respectivamente. Todo ello, sin contar con los indultos concedidos el 22-6-2021 a los nueve líderes independentistas condenados por la DUI del 1-10-2017, la eliminación del delito de sedición cometido por organizaciones terroristas en todas sus formas, y la modificación del delito de malversación en el Código Penal, mediante la Ley de 23-12-2022.

Asimismo, sabemos que para lograr la nueva investidura el 16-11-2023, más difícil aún que la anterior, el tercer gobierno de Sánchez precisó, además del concurso de ERC, de los siete votos imprescindibles de Junts, de Puigdemont, prófugo de la justicia.

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También, de sobra es sabido el alto precio pagado para ello, según los acuerdos de investidura entre PSOE, ERC y Junts, cuyo resultado fue la aprobación de la Ley Orgánica de Amnistía de 10-6-2024, para la normalización institucional, política y social en Cataluña. 

Las claves del acuerdo de investidura entre PSOE y Junts incluyen varias cesiones: a) Referéndum de autodeterminación; b) Singularidad de Cataluña; c) Recaudación del 100% de impuestos; d) Autonomía financiera; y e) Amnistía total y 'lawfare' (judicialización de la política con comisiones de investigación a jueces). 

Puigdemont se atribuye el mérito de haber arrancado a Sánchez la amnistía a cambio de investirlo, pero todos sabemos cuál es la justificación, obtener los siete votos necesarios de Juntos, para que Sánchez siga en la Moncloa. 

En mi opinión, no hay manera de no ver en la ley de amnistía, inconstitucional y arbitraria, un auténtico escándalo, la mayor corrupción política de la democracia, pues el gobierno ha creado una ley a la medida, para eliminar la inconveniencia a sus socios de tener que responder ante la justicia por sus crímenes contra el Estado, aunque, como ellos mismos han confesado, volverán a hacerlo en cuanto puedan.

Ahora, tras las elecciones al parlamento de Cataluña, celebradas en fecha 12-5-2024, pese a que Salvador Illa (PSOE) las ganó obteniendo 42 escaños, frente a Junts con 35 escaños, y ERC con 20 escaños, ninguno de ellos ha alcanzado la mayoría absoluta para gobernar en solitario.

El 19 de junio el presidente del Parlament Josep Rull debía anunciar quién sería el candidato de los presentados a la investidura, o Salvador Illa (PSC), o bien Carles Puigdemont (Junts), pero ninguno de los dos estaba dispuesto a acudir a la investidura. Tras el debate del pleno de hoy, en el que no se investirá ningún presidente, más que probablemente se pondrá en marcha el reloj hacia una repetición electoral, que sería el domingo 13 de Octubre.

Puigdemont (Junts) descarta presentarse aún a la investidura y deja en el aire su regreso, pendiente de la amnistía. Illa (PSC) no se presentará a la investidura hasta lograr el pacto con ERC y Comuns. Ni qué decir tiene que las negociaciones entre las partes no se han hecho esperar.

Sánchez está dispuesto a pagar cualquier precio para ganar la presidencia de la Generalitat a favor de su exministro Illa, quien defiende que no es justo que Cataluña sea la tercera comunidad autónoma en aportar recursos a la caja común y la decimocuarta en recibirlos; añadiendo que la mejor opción para Cataluña es un gobierno transversal, de PSC y ERC; ofertando a ERC una financiación singular para Cataluña, a la carta, que se instrumentaría mediante condonación o quita de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por valor de 15.000 millones de euros; y otorgándole un trato fiscal a la carta mediante un pacto bilateral con Cataluña, similar al vigente con País Vasco y Navarra, quedándose con 26.365 millones de euros de los que actualmente aporta a la caja común.

Puigdemont tacha de chantaje y escándalo la oferta de Sánchez a ERC, a cambio de hacer presidente de la Generalidad a Salvador Illa, amenazando con retirarle su apoyo, y señalando que Cataluña necesita un concierto económico propio, porque así lo ha reclamado el pueblo de Cataluña. En mi opinión, la financiación singular y la fiscalidad a la carta para Cataluña está fuera del ordenamiento jurídico, de la CE y del Estatuto de Cataluña, y ninguna de las CCAA apoyará la financiación de una comunidad frente a las demás, por lo que ambas están condenadas al fracaso. En el panorama actual, la política española está tan polarizada que no está claro que eso vaya a pasar.

Francisco Javier Sagüés es abogado