El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha finalizado su mandato improrrogable de seis años sin que el Gobierno haya decidido su sustituto ni entablado aún conversaciones con el PP en busca de un posible acuerdo. 

El ministro de Economía sostiene que “no hay prisa”, ya que la subgobernadora, Margarita Delgado, puede asumir las riendas de la entidad hasta septiembre, cuando cesará en sus funciones. 

Una ley no escrita establece un reparto de la cúpula del regulador entre el partido en La Moncloa y el que lidera la oposición, sin perjuicio de que designen para tan altas responsabilidades a profesionales con un sólido prestigio y dilatada experiencia. 

La ruidosa voladura de puentes entre las dos principales formaciones del país en medio de una polarización extrema aleja un entendimiento que sería deseable para consolidar la independencia de la institución y aislarla de la confrontación política. 

El Banco de España, pieza esencial en el entramado económico, ha recuperado el prestigio que perdió con su gestión de la crisis financiera de 2008, tras estallar la ‘burbuja’ inmobiliaria, y ganado influencia tanto en el debate nacional como en la toma de decisiones del BCE. 

El nuevo equipo que lo sustituya se enfrenta al desafío de mantener o mejorar esa reputación, a la que no es ajena una visible autonomía de criterio respecto al Ejecutivo, asentada en el máximo rigor técnico, aunque su nombramiento corresponda al Consejo de Ministros. 

Hernández de Cos, designado por el PP, no ha evitado roces con el Gobierno al apelar a la gradual contención del déficit y la deuda, lo que le ha llevado a cuestionar medidas sociales por su impacto en el gasto público. Su sucesor podrá tener sensibilidades distintas pero reconociendo que es un cargo en el que no caben veleidades partidistas.

 La decisión final corresponde a Sánchez, quien haría bien en primar la excelencia sobre la estricta afinidad ideológica y evitar así repetir bloqueos institucionales como el del Consejo General del Poder Judicial, que encadena ya cinco años de mandato caducado. Este mismo  miércoles Alberto Núñez Feijóo declaró que “va a intentar” renovar el órgano de gobierno de los jueces con el PSOE. En sus manos está.