Las elecciones catalanas dejaron en el aire la gobernación de la comunidad tras revelar el declive del independentismo. Las europeas del 9 de junio agudizaron esa tendencia. Pero, ni las formaciones secesionistas -empezando por Carles Puigdemont y Junts- desisten de reivindicar para sí la presidencia de la Generalitat, como si formara parte de su patrimonio exclusivo, ni los reveses electorales les permiten operar con la solvencia y la previsibilidad que requiere la política institucional en Cataluña y en España. 

ERC, el partido que mantiene en solitario el gobierno en funciones autonómico, parece estar sumido en otra de sus crisis cíclicas, entre aturdido y dividido ante la disyuntiva de favorecer la designación del primer secretario del PSC, Salvador Illa, como nuevo presidente catalán, o secundar a Puigdemont para que éste escenifique su retorno al despacho principal del Palau como acto de restitución. 

El episodio de la consulta frustrada entre las bases republicanas, sobre la incorporación o no de su partido al gobierno del ayuntamiento barcelonés socialista, es el ejemplo más elocuente de la debilidad de la formación a cuyo frente se ha situado Marta Rovira, autoexiliada en Ginebra. 

ERC ya ha avanzado sus condiciones para facilitar la designación de Illa. Un sistema de financiación singular para Cataluña, a semejanza de País Vasco y Navarra. Y negociar el referéndum.

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Exigencias ambas que ERC no podría aceptar en forma de promesas vagas o de juegos de palabras sin quebrarse internamente y ser objeto de una presión insoportable por parte de Junts y del resto del independentismo. 

Porque su debilidad es tal que ni siquiera el riesgo cierto de una repetición electoral que vuelva a restar votos y escaños al independentismo en general y al de ERC en particular parece argumento suficiente para apoyar, por activa o pasiva, la presidencia socialista para Cataluña. 

Sólo una milagrosa metamorfosis del independentismo a favor de una mayoría transversal para Cataluña, o la concesión del gobierno de la Generalitat al independentismo, evitaría que tras el 20 de agosto se convoquen elecciones.