Poco se puede objetar al nombre de las leyes que el PP y Vox han promulgado en Castilla y León o están tramitando en el caso de la Comunidad Valenciana. Buscar expresamente “la concordia” en un país como el nuestro, con tan largo historial de discordias y con una situación política tan endémicamente acerba constituye todo un acierto. Tampoco tengo nada que objetar a muchas de las afirmaciones que se hacen en el preámbulo de la ley castellano-leonesa (la única a cuyo contenido he podido acceder en su integridad): “La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido uno de los logros históricos más significativos de la sociedad española. Nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo. Tampoco se ha dado entre los historiadores, que aún sostienen debates teóricos, metodológicos e interpretativos sobre los principales procesos sociales y políticos de la época, ni entre los ciudadanos, cada uno con su particular e inexpugnable acervo de recuerdos y relatos heredados de padres, abuelos y bisabuelos. La Guerra Civil llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores. Por toda España se extendieron los asesinatos masivos, las represalias socioeconómicas, los atropellos de derechos fundamentales y los desplazamientos forzosos de población.”

Sin embargo, debo añadir que la ley me parece nefasta. En el pasado he criticado con frecuencia el carácter parcial de las políticas de memoria que se aplican en España. En primer lugar, por su tendencia a idealizar a la Segunda República, ocultando la falta de cultura democrática de la mayor parte de la sociedad española de la época (la de derechas, la de izquierdas y la de centro, con honrosas excepciones en todos lados) y, particularmente, el rechazo expreso a la democracia liberal por los líderes de fuerzas como el PSOE, el PCE, el POUM o la CNT-FAI. En segundo lugar, por omitir toda mención a la violencia previa al golpe del 18 de julio y, en concreto, a un acontecimiento tan relevante como la rebelión armada de octubre de 1934 contra un gobierno legítimo… pero de derechas. Y, por último y en tercer lugar, por practicarse un olvido sistemático de las decenas de miles de personas asesinadas en el territorio controlado por el gobierno de la República. A este respecto, por ejemplo, me parece incomprensible que la base de datos Oroibidea del Gobierno de Navarra no incluya a ninguna de las víctimas del otro lado. Y para evitarme acusaciones de utilizar un doble rasero, aclararé que me parece tan incomprensible como el que una base de datos sobre víctimas del terrorismo excluyera a las de los GAL o las del Batallón Vasco Español. Un crimen es un crimen, aunque la víctima sea mi enemigo y el verdugo, mi correligionario.

Por otro lado, esas críticas a las políticas de memoria no me llevan a cerrar los ojos ante sus aciertos. En concreto, la búsqueda de los restos de las personas asesinadas, la entrega de éstos a sus familiares o su digno entierro y la difusión entre los españoles del conocimiento de los horrores que padecieron. Todo eso -como la revisión de la onomástica en los callejeros o la resignificación de determinados edificios- es algo que, sin duda, se tendría que haber hecho mucho antes. Tanto por parte del gobierno de España como de los autonómicos (o forales, en nuestro caso).

En cualquier caso, una cosa es entender que las políticas de memoria deban ser más integradoras y tengan que evitar el sectarismo historiográfico y otra caer en los errores en los que cae la nueva ley impulsada por el PP y por VOX. ¿Qué errores? Principalmente, la ausencia de cualquier mención de la palabra “dictadura”, un término que, en cambio, sí aparecía en el -ahora derogado- Decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León de 2017. Pensemos un poco: ¿No nos escandalizaría a todos una ley dirigida a atender a las víctimas de ETA, el GRAPO, etc., que sospechosamente omitiese la palabra “terrorismo”? ¿Es que, a estas alturas, alguien alberga alguna duda de que el franquismo usurpó durante cuarenta años la soberanía al pueblo español y que constituyó, por lo tanto, un régimen dictatorial? Los redactores de la nueva ley castellano-leonesa, ¿pensaron de verdad que esa omisión del término que define el franquismo es una buena base para asentar la concordia?

Necesitamos ser capaces de ponernos de acuerdo, por lo menos, en cuestiones tan básicas, reivindicar la dignidad de todas las personas asesinadas y condenar sin paliativos a sus victimarios.

Iñaki Iriarte López es parlamentario por UPN