Después del esperpéntico numerito de Pedro Sánchez retirándose a la Moncloa a hacer ejercicios espirituales para volver, de donde no se había ido, proclamándose defensor único y absoluto de la democracia; oposición, medios de comunicación y ciudadanos, estamos obligados, más que nunca, a denunciar con ahínco la deriva de un gobierno autoritario que amenaza con arrasar con todo aquél que ose ejercer la necesaria crítica política. La siempre servil María Chivite, la que se cuadra ante Santos Cerdán, ha declarado que Sánchez está sufriendo una “estrategia de acoso y derribo” y que “se está poniendo en riesgo la democracia”. Siendo consciente de que con este artículo también voy a poner en riesgo la democracia, me la voy a jugar al seguir denunciando las tropelías de este gobierno. Si no tuvimos suficiente con un consejero, Óscar Chivite, que empezó su mandato en situación irregular y que fue apercibido por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Si no hemos tenido suficiente con el hecho de que, por encima de la permitida excepcionalidad que viene recogida en la Ley Foral 13/2012, el gobierno de Chivite haya metido, por tres años consecutivos, y en diferentes leyes y con calzador, la continuidad de una persona mayor de 70 años en el Departamento de Obras Públicas. Si no hemos tenido suficiente con el proceso de adjudicación de las obras del túnel de Belate cuestionado por los letrados de la Mesa de Contratación. Si no hemos tenido suficiente con el hecho de que Obras Públicas exigiera luminarias de una marca concreta pese a ser ilegal. Si no hemos tenido suficiente con el hecho de que la Consejera de Interior y Función Pública, Amparo López, a través de una descarada maniobra en la Ley destinada a reducir la temporalidad en el empleo público, haya conseguido una plaza fija de funcionaria a pesar de haber ocupado esa plaza durante apenas dieciocho meses. Si no hemos tenido suficiente con la chapuza del proceso de estabilización de 396 puestos de administrativo que se ha llevado por delante la dimisión de tres directores del servicio de Régimen Jurídico de Función Pública, dimisiones que, según la consejera Amparo López, responden a “la movilidad laboral” (no cabe un argumento más chapucero) ... Si no hubiéramos tenido suficiente con todo lo anterior, entramos en el capítulo de la creación de sociedades públicas.

Con los gobiernos progresistas de Geroa Bai, PSN y Podemos, y el apoyo necesario de Bildu, la plantilla de las empresas públicas navarras ha crecido un 50 %, y a mayor ritmo desde que gobierna el PSN. Con Chivite en el poder, se han creado tres sociedades públicas más de las ya existentes. Primero crearon el INI (Instituto Navarro de Inversiones), sociedad cuyo objeto social, según la Cámara de Comptos y el Servicio de Patrimonio, ya está incluido en Sodena, hecho que representa una duplicidad en las funciones de ambas. Luego crearon Bidean, sociedad destinada a gestionar el transporte sanitario y cuyo director es el que fue gerente del Servivio Riojano de Salud en la pasada legislatura bajo un gobierno del PSOE. Y la última, y más reciente, Nafarbide, empresa adscrita al Departamento de Cohesión Territorial (dirigido por Óscar Chivite) que se dedicará a gestionar la implantación de peajes en las vías de gran capacidad que transcurren por el territorio de la Comunidad Foral de Navarra. La constitución de dicha sociedad, mediante acuerdo de Gobierno, tuvo lugar en junio de 2023. El Servicio de Patrimonio realizó objeciones en cuanto a la ausencia de información sobre la preceptiva autorización de la Comisión Europea a la aprobación del sistema tarifario a aplicar, resaltando la falta de definición del organigrama de la sociedad y del desarrollo de los gastos operativos. El Servicio de Patrimonio también decía que no se justificaba adecuadamente la mayor eficiencia de la prestación del servicio a través de esa sociedad respecto a la prestación directa por la Administración. Así mismo, un informe del Director General de Intervención alertaba sobre la capacidad jurídica de la sociedad para obtener los recursos que se prevén. Pero, al igual que el Departamento de Cohesión Territorial ha ninguneado los informes de los letrados en los temas de la adjudicación de las obras del túnel de Belate y en la contratación ilegal de unas luminarias, en el caso de la creación de la sociedad pública Nafarbide, han hecho lo propio saltándose los informes del Servicio de Patrimonio y de Intervención General, así que, el pasado mes de febrero, la sociedad se inscribía en el Registro Mercantil, y sin todavía haber echado a andar y con nula actividad, ya se ha nombrado a un director-gerente, concretamente a un funcionario del gobierno de Cantabria que sustituyó a Elma Saiz en el Ayuntamiento de Pamplona como concejal del PSN cuando esta fue nombrada Consejera de Hacienda, concejal que pasó sin pena ni gloria y que en Nafarbide pasa a cobrar un salario bruto anual de casi 100.000 € (99.395,39 €, según dicta la Ley de Presupuestos de 2024). ¡Casi nada! Y espérate, que el Departamento de Vivienda, ese departamento que tiene a un alto cargo que calificó al PSN de “p…. banda”, ha propuesto la creación de “una empresa mixta participada al 50 % por capital público y por capital privado para la promoción y construcción de vivienda asequible en alquiler”. Lo de menos es que ya exista Nasuvinsa, empresa pública dedicada a la “promoción pública de vivienda y gestión de alquiler social”, lo importante es que, para no arriesgar la democracia, se vaya a crear un cargo de otro director-gerente por el módico precio de 100.000 € al año a la medida de otro militante socialista o de un militante podemita.

“La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos”. (Enrique Múgica Herzog)

Chon Latienda Urroz. Comentarista política