Actualmente, Palestina no tiene un estado que reconocer. No existe una entidad política central que ejerza funciones soberanas sobre un territorio y su población, como controlar fronteras, infraestructuras o suministros energéticos. Las dos entidades de gobierno que existen -Hamás y la Autoridad Nacional Palestina- controlan de forma muy limitada dos áreas inconexas -Gaza y Cisjordania-. El reconocimiento de un único Estado de Palestina es, por tanto, un acto que se mueve más en el mundo de los deseos que en la realidad. E ignorar la realidad acarrea inevitablemente problemas prácticos: por ejemplo, España deberá elegir solo una autoridad con la que establecer relaciones diplomáticas, lo que supone atribuirse unilateralmente la capacidad de determinar quién es el gobierno legítimo sin tener en cuenta, paradójicamente, el sentir de la población local. Sin embargo, esta falta de “ser” no impide que el reconocimiento formal de Palestina pudiera ayudar a realizar el “deber ser”. ¿Contribuirá a ello la decisión del Gobierno de España?

Quede claro que la mejor solución en el largo plazo al interminable conflicto en la región es la de los dos estados: un Estado de Israel, que ya está plenamente constituido, y un Estado de Palestina, que debería ser unificado y dotado de competencias. Ambos, reconociendo el derecho a existir de su contraparte. Y esta no es solo la mejor solución, sino la única posible. La alternativa sería mantener el statu quo, que no soluciona nada, o crear un estado binacional que acabaría implosionando dadas las dinámicas demográficas de la población musulmana. Es por ello que la posición oficial de nuestro país es la solución de los dos estados, tal y como reiteró el Congreso de los Diputados en 2014, controlado por mayoría absoluta del PP. Sin embargo, las condiciones actuales están lejos de permitir su realización. La cuestión radica, por tanto, en cuándo debe el Gobierno de España tomar la decisión de reconocer el Estado de Palestina.

¿Beneficia a Palestina el reconocimiento inmediato de España? Hay 139 estados que han precedido a nuestro país y es evidente que, a nivel social, la situación sobre el terreno no ha mejorado. El reconocimiento internacional por sí mismo ni crea un estado ni genera necesariamente ningún efecto positivo. A nivel de derecho internacional, por ejemplo, la decisión será completamente irrelevante a efectos de la membresía de Palestina en la ONU, que actualmente cuenta con el estatus limitado de “Estado observador no miembro”, puesto que para admitir a un nuevo miembro de pleno derecho se necesita tanto el voto favorable de la Asamblea General como el del Consejo de Seguridad, en el que Estados Unidos mantiene su veto.

¿Beneficia a España el reconocimiento inmediato de Palestina? Si nuestro país continúa trabajando y contribuye así a que otros países cambien sus posturas y se genere así un tirón internacional que propicie conversaciones de paz que conduzcan a la fórmula de los dos estados, entonces habrá merecido la pena. De lo contrario, y es lo que temo ocurrirá, perderemos una gran baza negociadora, además de empeorar previsiblemente las relaciones con Israel. Si la solución de los dos estados se plantea en un futuro, España aparecerá en escena con las manos vacías sin mucho que ofrecer, pues ya habrá jugado su gran carta tiempo atrás, agravando así la irrelevancia mundial a la que ciertas políticas parecen destinarnos.

Por tanto, ¿qué debería hacer ahora nuestro gobierno? Antes de reconocer unilateralmente el Estado de Palestina, España debería asegurar una posición común entre los Estados miembro de la UE -es una competencia estatal, no europea- puesto que nuestra fuerza en esta cuestión solo puede venir de la coordinación desde dentro de la UE. A partir de ahí, los 27 podrían generar tracción en la comunidad internacional y persuadir a los Estados Unidos -el actor clave- y a los países árabes del entorno para organizar conjuntamente una conferencia de paz entre las partes involucradas en el conflicto. Con una presión internacional fuerte, a la que España habría contribuido decisivamente, se podría entonces negociar una paz duradera. Este es el camino más realista que tiene nuestro país para ayudar a alcanzar la solución de los dos estados. Todo lo demás es mera ilusión o, como dicen en el mundo anglosajón, wishful thinking.

Entonces, ¿por qué el Gobierno de España ha tomado la decisión ahora? Teniendo en cuenta que ni beneficia a España directamente ni tiene por qué generar efectos tangibles para Palestina, salvo que se siga el camino señalado anteriormente, la razón responde necesariamente a una cuestión de señalización internacional. Lo que no tengo tan claro es si con esta medida el gobierno trata de señalizar a España como actor que defiende los derechos humanos frente a las graves violaciones del derecho internacional por parte de Israel -algo loable- o si meramente trata de proyectar en el exterior la imagen personal de nuestro presidente. Si fuera lo primero, la decisión se habría tomado mediante acuerdo previo con la oposición, cuestión esencial en política exterior puesto que se compromete a futuros gobiernos. Me temo, sin embargo, que el escenario es el segundo, especialmente teniendo en cuenta que en decisiones similares anteriores, como la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos, no se priorizaron los derechos humanos de la población local sino otro tipo de intereses que, a día de hoy, seguimos sin conocer.

David Garciandía Igal. Doctorando y profesor de Derecho de la UE en la Universidad de Oxford