De un tiempo a esta parte, la actuación del departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra se está poniendo en entredicho en alguna de sus principales intervenciones. Tanto por los partidos políticos de la oposición como, y esto es lo más inquietante, por algunos de los técnicos que sustentan los procesos. Las obras para desdoblar los túneles de Belate encabezan la preocupaciones de unos y otros desde el momento en que trascendieron las dudas en la licitación de los trabajos. 

Que tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, precisamente los representantes legales, hayan cuestionado la escasa transparencia del proceso, la falta de motivación en las puntuaciones o que el presidente votase conociendo la orientación del voto de sus subordinados, lo que decantó al final la empresa adjudicataria, es motivo más que suficiente para que se hayan encendido las alarmas. Más aún después de que el letrado responsable en el procedimiento remitiera un escrito al Parlamento reiterando los recelos expresados. 

Estos indicios y otros en forma de correos electrónicos cruzados durante la licitación han hecho que UPN haya decidido llevar el caso a la Fiscalía Anticorrupción. Es preciso recordar que estamos hablando de 63 millones de euros y de cinco años de trabajos, por lo que la transparencia absoluta en la gestión es lo mínimo exigible al departamento que dirige Óscar Chivite. 

El consejero niega injerencias o presiones en la mesa de contratación para dirigir hacia la adjudicataria. La presidenta, María Chivite, da un paso más y asevera que la licitación “es la más legal y transparente” que ha hecho su Gobierno. Y así debería ser, por lo que no cabría entre su Ejecutivo recelo alguno a que la lupa pública se haya puesto ahí. Por ello, lo que no es de recibo es que desde el partido socialista se trate ahora de matar al mensajero lanzando graves acusaciones por sacar a la luz los problemas surgidos en el desempeño de Obras Públicas. 

Dice el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz que estamos ante “una operación orquestada por la derecha y algún medio afín para tumbar gobiernos”. Obvia que la Fiscalía ya investiga en el departamento otras adjudicaciones como la de las luminarias y que la labor primera de toda oposición es fiscalizar el correcto hacer del Ejecutivo. Los tribunales serán pues los que dictarán cómo de “legal y transparente” está siendo esa gestión.