El PSN-PSOE empezó la legislatura 2019-2023 aumentando escandalosamente la estructura de su gobierno y diciéndonos que el sobrecoste podría suponer 1,65 millones de euros. El resultado final fue que ese sobrecoste ascendió a 24 millones de euros.

Estábamos en plena pandemia. A iniciativa del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, liderado entonces por el imputado Ayerdi, Sodena, la CEN, y la empresa Albyn Médical, llegaban a un acuerdo para comprar material sanitario. Más de dos años después se produjo el cese de la directora gerente de Sodena “por presuntos incumplimientos en la compra de material sanitario”. Según el consejero Mikel Irujo, sustituto de Ayerdi, “la operación se hizo con total transparencia”, y casi a continuación, el Consejo de la Transparencia instaba al Gobierno a que, “a la mayor brevedad, publique todos los informes de reparo en los que los interventores que controlan la legalidad de sus actuaciones hayan expresado su desacuerdo por detectar posibles irregularidades”. Y se publicó un informe de Intervención que arrojaba los siguientes datos: Sodena realizó una operación de préstamo, de dos millones de euros, sin ninguna garantía de cobro; que había un stock de 1.748.492 mascarillas pudriéndose en unas naves; y que había una pérdida de casi 1,8 millones de euros de dinero público. Unos meses más tarde, el consejero Irujo se despachaba en el Parlamento diciendo que el cese de la directora gerente de Sodena llegó precedido del conocimiento de unos papeles que constataban la existencia de una posible negligencia y responsabilidad contable “que incluso podía constituir alguna tipología enmarcada en el código penal”. A la entonces consejera de Hacienda, hoy ministra, Elma Saiz, no le interesó saber si hubo delito o no; es más, el PSN, haciendo uso de la mayoría que sumaba con sus socios, impidió una comisión de investigación solicitada por UPN. Esa fue la transparencia de la que alardeaba Irujo.

El 17 de agosto de 2023, la presidenta Chivite nombraba a su tío, Óscar Chivite, consejero del Departamento de Cohesión Territorial. Óscar Chivite era Administrador Único de una empresa, cargo que, incumpliendo la Ley Foral 19/1996 de incompatibilidades del Gobierno de Navarra, compatibilizó durante casi un mes con su condición de Consejero. Desde el Gobierno de Navarra intentaron tapar el hecho trampeando las explicaciones sobre la situación de incompatibilidad. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha incoado un procedimiento sancionador por la comisión de una “infracción grave”.

28 de mayo de 2023, elecciones municipales y forales. 29 de mayo de 2023: Pedro Sánchez convocaba elecciones generales para el 23 de julio. Discurso de María Chivite durante la campaña: “El PSN no apoyará a Joseba Asiron como alcalde de Pamplona. No hemos presentado una candidatura para votar a otros”. El 17 de junio, como candidata de la lista más votada, Cristina Ibarrola se hizo con la alcaldía de Pamplona. Pasadas las elecciones generales, el 14 de diciembre se produjo un pacto entre EH Bildu y PSN, con el apoyo de Geroa Bai y Podemos para, tras una moción de censura celebrada el 28 de diciembre, elegir a Joseba Asiron como nuevo alcalde de Pamplona.

Obras de ampliación del túnel de Belate. La presidenta Chivite, experta en leyes como todos sabemos, se apresuró a decir que “se está intentando ensuciar una licitación que es plenamente legal” y que “ahí están todas las actas en el portal de transparencia”. Pues vayamos al Portal de Transparencia y leamos las actas a las que se refiere. El Pliego de Condiciones de dicha obra establecía que los licitadores debían presentar una “relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años avalada por certificado de buena ejecución de, al menos, una obra similar (túnel), con importe de ejecución igual o superior a 65 millones de euros”. El adjudicatario de la obra presentó un certificado por un importe de casi 52 millones de euros, importe que no cumplía con el Pliego de Condiciones y que la Mesa de Contratación modificó para “cuadrarlo”. Uno de los letrados de la Mesa, dice: “No puedo compartir que se venga a alterar el importe de la obra ejecutada manifestado por el licitador en su certificado. De esta manera, si el licitador ha determinado, y lo ha hecho bajo su responsabilidad, que la obra del túnel ha ascendido a 51.820.708,04 €, no parece que la Mesa pueda tener por acreditado, y certificado, un importe diferente…”. Otro de los letrados, sobre el informe de valoración realizado por la Mesa de Contratación, dice que, “en contra de lo exigido por el legislador (artículo 100.3 LFCP), dicho informe no expone las razones que justifican las puntuaciones, ni expresa las ventajas de unas ofertas frente a otras…”. Y en lo relativo al procedimiento seguido para valorar y puntuar las ofertas, recordemos que el presidente de la Mesa de Contratación, ese que el Gobierno de Navarra ha excepcionado por tres veces para que a su ya 73 años siga en el Departamento de Obras Públicas, conoció, de manera anticipada, las valoraciones y puntuaciones del resto de técnicos, hecho que contraviene el artículo 50.4 de la Ley de Contratos Públicos, que dice que “todas las actuaciones llevadas a cabo de forma individual por una o varias de las personas que conforman la Mesa, serán sometidas al criterio del conjunto de sus miembros, que deberán aprobarlas de forma simultánea o sucesiva”, circunstancia que recalca uno de los letrados de la Mesa de Contratación. Cerdán sigue sin pronunciarse.

Caso Koldo/Ábalos/PSOE. El gran cerebro del PSOE, Santos Cerdán, dice conocer a Koldo “porque colaboraba con nosotros en Navarra”. Según fuentes socialistas, fue Santos Cerdán el que le abrió las puertas del PSOE a nivel nacional. Santos Cerdán también ha dicho que “el PSOE es un partido limpio”.

Y así todo.

Chon Latienda Urroz. Comentarista Política