El PP presentó este lunes una proposición en la que reclama la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al entender que el pago de 3,7 millones por mascarillas a la trama de Koldo García, realizado por el Gobierno de Baleares cuando ella estaba a su frente, se hizo a sabiendas de que el material no cumplía las características contratadas. La dirigente socialista avaló su calidad en un documento oficial e intentó financiar la compra con fondos de la UE. La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre esa operación y otra similar del Ejecutivo canario cuando lo lideraba Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial, lo que eleva la presión sobre ambos y los deja en una situación delicada. No hay un mecanismo de cese de la tercera autoridad del Estado a semejanza de una moción de censura. La inexistencia de una cláusula revocatoria obedece fundamentalmente a la necesidad que los constituyentes vieron de preservar la estabilidad del Poder Legislativo. Aunque prosperara la iniciativa de los populares, Armengol sólo dimitirá por voluntad propia, no porque así se lo exija la Cámara. 

La Mesa del Congreso deberá valorar la solicitud del PP contando, en su caso, con los informes de los servicios jurídicos. Dado que en ella está representada la mayoría absoluta que eligió a la presidenta, es más que improbable que opte por dar un cauce jurídicamente creativo a la proposición. El argumentario socialista insiste en que el Gobierno balear fue víctima y no partícipe de la corruptela. Aún así hay indicios de que sus responsables trataron de soslayar la existencia del fraude postergando la correspondiente reclamación a riesgo de convertirse en “colaboradores necesarios”. Armengol ha quedado marcada y no es descartable que al final se vea obligada a asumir las consecuencias de sus responsabilidades. Pero, mientras tanto, ella y el resto de la Cámara se deben al ejercicio más positivo y pluralista del parlamentarismo para que la legitimidad institucional no sea cuestionada a cada paso.