Son innumerables los debates, artículos y documentos que vienen analizando el alcance, las consecuencias y la propia viabilidad constitucional de la ley de amnistía presentada y defendida por el PSOE para, haciendo de la necesidad virtud –que es al parecer la nueva ideología del otrora partido socialdemócrata- conseguir que el perdedor de las elecciones llegara a ser investido Presidente del Gobierno de España.

Aunque resulte difícil encontrar nuevos argumentos para oponerse al engendro pactado entre Pedro Sánchez y un prófugo de la justicia, quiero señalar uno de los aspectos que ha adquirido menor relevancia en este largo y prolijo debate, eso es, que la ley que quieren aprobar es inconstitucional porque es antidemocrática; y es antidemocrática porque vulnera los principios básicos de una democracia tales como la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Como denunciamos en el Parlamento Europeo el pasado 23 de enero, la ley de amnistía que se está debatiendo en las Cortes tras la iniciativa formal del PSOE – el texto se escribió en Waterloo entre el prófugo y sus abogados defensores- en una transación fraudulenta y anticonstitucional entre el entonces candidato a la presidencia del Gobierno y un prófugo de la justicia. Cualquier demócrata entendería, sin necesidad de contextualización alguna, que una ley redactada por un delincuente para borrar sus delitos a cambio de votos es, por origen y por contenido, pura corrupción.

Estamos ante una ley que consagra la impunidad de los delitos cometidos por los socios políticos de Pedro Sánchez y que ha sido elaborada para borrar todos los delitos de los supremacistas catalanes y vascos (sí, los vascos que mataban en nombre de la raza también son acogidos en esta ley); una ley redactada para lograr que los ladrones del dinero público (sí, el dinero que sale de nuestros impuestos) puedan seguir disfrutándolo y utilizándolo para romper la igualdad entre españoles.

La ley de amnistía que hoy defiende el PSOE - ya saben, haciendo de la necesidad virtud- será aplicada a todos los delincuentes que le han hecho presidente a Pedro Sánchez, e incluye entre sus beneficiarios a los terroristas en general y en particular a los prescriptores de terroristas a los que el Partido Socialista de Navarra les ha dado la Alcaldía de Pamplona a cambio de que mantengan en el Gobierno de Navarra a la delegada de Sánchez en este territorio. Estamos ante una ley de amnistía que pretende amparar los actos terroristas y borrar los delitos de quienes los cometieron lo que, además de ser una infamia, resulta radicalmente contrario a la Directiva Europea de lucha contra el terrorismo y es un insulto a la memoria de todas las víctimas, máxime cuando hay 379 atentados de ETA que aun no han sido juzgados.

En Bruselas, y ante nuestros representantes (no debemos olvidar el PE es la única institución europea que los ciudadanos de toda Europa, los españoles entre ellos, hemos elegido directamente), explicamos que esta ley puede ver la luz en España porque nuestro gobierno es una anomalía en la Europa democrática, un gobierno en el que se dan cita los amigos de Putin, quienes no condenan la masacre terrorista que Hamas perpetró en Israel el 7 de octubre (dos de los eurodiputados que votaron en contra de esa resolución europea son hoy Ministros de Sánchez ) y quienes acosan a los jueces e incumplen las sentencias de los tribunales, como por ejemplo la sentencia que obliga a que las instituciones respeten el derecho a ser educado en la lengua materna. ¿Cabe alerta mayor sobre lo que está ocurriendo en España que tener un presidente de Gobierno que ha sido recientemente felicitado por Hamas y los huties? ?

De aprobarse esta ley estaríamos ante una situación en extremo peligrosa. Porque al borrar los delitos cometidos por aquellos que atentaron contra la democracia proclamando una republica en Cataluña -después de quemar las calles, cerrar los aeropuertos y las estaciones de ferrocarril, apalizar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ignorar y vulnerar las sentencias de los tribunales y del propio TC que prohibieron la celebración del referéndum, rodear las instituciones para presionar y secuestrar violentamente a los empleados públicos…- se estaría deslegitimando nuestro sistema democrático. Aprobar una ley hecha para negar la existencia de los delitos cometidos por quienes atentaron contra el Estado de Derecho- delitos juzgados y sentenciados en firme por los tribunales de justicia- sería perpetrar un golpe contra la democracia equivalente a la proclamación de la Republica que hizo el prófugo Puigdemont pues supondría negar la existencia del propio Estado de Derecho.

El próximo día 9 de marzo un centenar de asociaciones de la sociedad civil hemos convocado una concentración en Cibeles para rechazar la ley de amnistía y señalar una vez más que debemos elegir entre amnistía o Europa porque las leyes que atentan contra el Estado de Derecho no caben en Europa. Y nos movilizaremos cuantas veces sea necesario porque sabemos que cuando la democracia está en peligro todos los ciudadanos tenemos la obligación de defenderla. Y porque nos negamos a sustituir el estado de los ciudadanos por el estado de las etnias, que es la pulsión que subyace en el pacto antieuropeo del PSOE con Junts, de Sánchez con Puigdemont. Sobran los motivos. Y defender la libertad siempre merece la pena.

Rosa Díez González. Ex diputada y escritora