Aunque no sean extrapolables sin matices al conjunto de España, los resultados de las elecciones gallegas, en especial el estrepitoso descalabro del PSOE en la primera cita con las urnas tras la ley de amnistía y sus pactos con Puigdemont, advierten sobre el acusado desgaste de ese partido. Mirar hacia otro lado como si nada hubiese ocurrido o esgrimir excusas que eluden poner el foco en las cuestiones más controvertidas, como sus cesiones a los independentistas, no le ayudarán a superar un declive que ha dejado en mínimos su poder autonómico y municipal, y que no le desalojó de la Moncloa el 23-J por el miedo a la extrema derecha y los errores del PP en la campaña. Un escenario en el que además está por ver qué incidencia añadida puede terminar teniendo el ‘caso Koldo’. En ese contexto, los comicios europeos del 9 de junio, que se verán precedidos de los autonómicos del 21 de abril en el País Vasco, se presentan como un exigente examen para Pedro Sánchez. El Gobierno quedará muy debilitado si sufre en ellos un nuevo varapalo con tres años de legislatura por delante. El hiperliderazgo de un secretario general nombrado directamente por las bases y la paralela supresión de órganos de control no crean el ambiente más propicio para favorecer el debate de puertas adentro en un socialismo en el que se ha impuesto el acrítico seguidismo a los cambiantes criterios de Sánchez y sus claudicaciones ante los independentistas. Atribuir la debacle de Galicia y la previa en las elecciones locales de mayo a la dificultad para consolidar liderazgos autonómicos es solo una parte de la realidad, que parece ignorar el férreo control de Ferraz sobre los territorios y unos pactos con el secesionismo que no entiende un sector de sus votantes. Aunque el viento sopla a favor de sus intereses, el Partido Popular no debería caer en un triunfalismo cegador. El 18-F demuestra que solo una gran concentración del centro-derecha en torno a sus siglas le dará las llaves del Gobierno.