Para intentar aprobar una ley de Amnistía, que casi todos los juristas dan por anticonstitucional, al golpe independentista catalán de 2017, se llega hasta a acusar a los jueces españoles, con el logotipo del PSOE, nada menos que de prevaricación (“lawfare”). Luego se condona la deuda de Cataluña, causando un terremoto de agravios en el conjunto de España. Después se entrega también a Cataluña la gestión de la inmigración, y de rebote el control, o algún control, de las fronteras. Por si cupiera algo más, se inventa un terrorismo (el de unos grupos independentistas catalanes violentos) respetuoso de los derechos humanos. Y… todavía se apresta a negociar cómo eliminar cualquier referencia al terrorismo y a la traición con los mensajeros del dictador ruso, autor de la guerra en Ucrania.

Y todo eso a fin de que el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno consiga del partido dirigido y dominado por un prófugo de la justicia, los 7 votos que le son necesarios -la necesidad como virtud malvada- para seguir en la presidencia del Gobierno de España.

No parece muy democrático llevar a cabo acuerdos y pactos con quienes se han fugado de la justicia, acusados por los tribunales españoles de graves delitos de desobediencia y malversación, y también de sedición y terrorismo, cuando no de traición. No parece que esa política pueda casar con los valores que fundan la Unión Europea, según el artículo 2 del Tratado de la misma: “el respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”.

Política nada translúcida de acuerdos y pactos, llevados a cabo fuera de España, a espaldas de las instituciones democráticas, más bien opaca y todo menos transparente, contra el principio de transparencia que debe regir toda las acciones de la Unión.

El proyecto de Ley de Amnistía fue ocultado también a las instituciones europeas, contra el principio de cooperación leal entre ellas mismas y los Estados miembros (art. 4.3 del Tratado de la Unión). Al mismo tiempo, el PSOE optó por una proposición de ley de su grupo parlamentario para eludir la consulta preceptiva al Consejo de Estado, al Consejo del Poder Judicial y al Consejo Fiscal, como establece la legislación española para las propuestas legislativas del Gobierno, a fin de garantizar la transparencia y la participación de la ciudadanía. En su informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea 2023, la Comisión ya exponía sus dudas sobre la falta de esa consulta pública en muchos casos y sobre el uso excesivo de los procedimientos de urgencia en las Cortes Españolas, que se ha vuelto a repetir con la presente ley de Amnistía.

Al tener esta ley la agravante de estar hecha a medida de dos socios del partido gobernante, que necesita sus votos para seguir en el Gobierno, se trata lisa y llanamente de una auto-amnistía. Los delitos que intentan borrar incluyen la malversación y actos de terrorismo, ambos incluidos en el art. 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sobre los que esta tiene competencias en cuanto a criterios y sanciones. La Directiva 2017/541 sobre la lucha contra el terrorismo incluye como delito terrorista, aunque no haya muertos, la intimidación grave a una población, sancionada con penas tan graves como la entrega del culpable o la extradición.

Las pactadas comisiones parlamentarias de investigación para señalar y represaliar a jueces y funcionarios que investigaron y encausaron las acciones delictivas de los políticos separatistas según la legislación española y europea, no tienen precedentes en la Europa democrática. Más allá de la deriva judicial de los Gobiernos de Hungría y Polonia, no se ha visto tamaña injerencia en la independencia de los jueces y de las fuerzas de seguridad en la breve historia de la Unión. Un Estado sin separación de Poderes no es un Estado de Derecho.

El partido de Puigdemont arrancó del PSOE hace unas semanas la promesa de suprimir el art.43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que aborda la “cuestión prejudicial”: en caso de que un juez eleve un duda al Tribunal de Justicia de la UE, la norma se suspende hasta que resuelva la corte de Luxemburgo, según el art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Vana pretensión, pues España, como Estado-Miembro, está obligada a seguir la normativa comunitaria.

No es menester, en fin, recalcar el escándalo que viviría Europa, si se sustanciasen los varios indicios del contubernio de Puigdemont y sus secuaces con el nuevo zar ruso Vladimir Putin a través de sus comunes maniobras nacionalistas y antieuropeas, que estudian los jueces españoles. Basta leer la Resolución del Parlamento Europeo del día 9.

Víctor Manuel Arbeloa. Exdiputado europeo y exparlamentario de la Asamblea del Consejo de Europa