Diario de Navarra

La Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña es una proposición de ley orgánica registrada por el PSOE en el Congreso el 13-11-23, como resultado de los pactos de investidura de fecha 9-11-23 entre el PSOE y Junts. Su finalidad es doble: 1) lograr un acuerdo, coincidente en parte con ERC, para la investidura y la legislatura de Sánchez como presidente del Gobierno, tras las elecciones generales del 23-J, a cambio de los 7 votos parlamentarios de Junts; 2) otorgar concesiones a Junts: a) Amnistía total, incluyendo la cancelación de los procedimientos judiciales y condenas por sedición y malversación relativos a los eventos surgidos durante el procés catalán, la consulta del 9-11-2014, el referéndum del 1-10-2017 y la declaración unilateral de independencia de Cataluña del 27-10-2017; b) Autodeterminación, condonación de la deuda de la Generalitat, 15.000 M€ del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cesión del 100% de los impuestos estatales que se recaudan en Cataluña, traspaso de cercanías, más el lawfare en la amnistía y un mediador internacional. El Gobierno la considera una ley jurídicamente impecable y profundamente constitucional, que pretende garantizar la convivencia (conveniencia, según Feijóo) política y el cierre de una década de conflicto político con Cataluña. Sin embargo, conviene recordar que, tres días antes de la elecciones del 23-J, el propio Sánchez negó la amnistía, señalando que era inconstitucional, y que no autorizaría un referéndum de autodeterminación, porque ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la autodeterminación. Ello no obstante, el día 28-10-2023 dijo que en el nombre de España ahora defendía la amnistía para Cataluña. Por su parte, el PP ha reiterado su oposición radical a la ley, porque la amnistía es contraria a la constitución, al Estado de derecho y a la separación de poderes, alegando que el Estado de derecho está en riesgo en España, y que el Gobierno ha iniciado un proceso destituyente. Por tanto, no cabe amnistiar, obviamente, a las encausados del procés, a ellos y sólo a ellos, exonerando al prófugo de la justicia, antes de ser juzgado, ni a los condenados por delitos de sedición o malversación, que han pretendido la quiebra del estado de derecho, por mucho que en fecha 22-12-22 se aprobara la reforma del Código Penal, derogando el delito de sedición, y rebajando las penas del delito de malversación. A decir verdad, la amnistía que pretende aplicar el Gobierno a los implicados por malversación y sedición del procés catalán, en mi opinión, es ilegal e inconstitucional, porque vulnera gravemente el principio de legalidad, porque nadie puede estar por encima de la ley, el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, porque ningún ciudadano puede recibir un trato desigual en aplicación de la ley, y el principio de seguridad jurídica, que obliga al respeto de los derechos constitucionales. Sin duda, el gobierno quiere aprobar definitivamente una ley de amnistía que no contempla nuestra Constitución, ni tampoco el Derecho Europeo, que no menciona el lawfare judicial, pero que está implícito en ella. Y lo hace concediendo la impunidad de Puigdemont y sus secuaces a cambio de 7 votos, sólo para la continuidad del presidente, siendo la amnistía una corrupción política; pero, no cabe poner fin así a la deriva soberanista, máxime cuando los propios independentistas reconocen que lo volverán a hacer. Además, en esta ley quiere amnistiar los delitos de terrorismo y posible traición, a petición de sus socios, los separatistas catalanes, aplicando un vergonzoso e intolerable lawfare político que señala a los jueces como prevaricadores, y que ha constituido comisiones parlamentarias de investigación a los jueces, acusando de ello al juez García-Castellón, que está investigando el caso, por posibles delitos de terrorismo y traición. Es significativo que el Pleno del Congreso haya tumbado la ley de amnistía y deba ser votada de nuevo, por ser insuficiente y no integral, es decir, por no ofrecer plenas garantías a Puigdemont y los suyos de no ir a la cárcel. Es previsible que, una vez aprobada la ley de amnistía, en otra segunda votación, se remita luego al Senado, y posteriormente vuelva al Congreso, para que, tras su aprobación definitiva, entre en vigor poco antes del verano. La sostenibilidad del gobierno dependerá de la amnistía, pero será el TC y el TJUE quienes digan la última palabra. Ya vemos, a todas luces, que la amnistía es una condición sine qua non, un paripé, para mantenerse el presidente en el poder. En síntesis, la política del gobierno, al aprobar la ley de amnistía para el procés, no es la solución del conflicto catalán, sino la causa del enfrentamiento con el resto de España. Y no es que Cataluña vaya mejor, sino que ha dado como resultado un enfrentamiento entre catalanes independentistas y constitucionalistas. Porque, evidentemente, además de mantener a Sánchez en la Moncloa, esta ley sirve para reforzar al independentismo catalán, un efecto contrario al deseado, causando la quiebra de nuestra constitución y del sistema democrático, y lo que es peor, para provocar la división entre los españoles. Francisco Javier Sagüés Sala. Abogado

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"La amnistía no es la solución"

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