Diario de Navarra

Los casos de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión son considerados los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. La Corte Internacional de Justicia tiene competencia para su admisibilidad y enjuiciamiento, de acuerdo con el artículo 5 del Estatuto de Roma de 1998 (que entró en vigor en 2002) por el que se establece la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. El funcionamiento de la Corte se rige por principios generales del Derecho Penal Internacional (DPI). A su vez, el DPI (que es, materialmente Derecho Penal que los Estados deben acatar a nivel internacional) tiene estrechas relaciones con los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El DIH se encuentra esencialmente contenido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los Estados. Estos convenios se completaron con otros dos tratados: los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. La jurisdicción de la CPI, tiene carácter complementario con relación a las penas nacionales (principio de complementariedad). Sin embargo, no todos los Estados han suscrito el Estatuto de Roma (123 lo han ratificado y otros 31 Estados lo han firmado, pero no ratificado, mientras que Burundi y Filipinas se han retirado) y, por consiguiente, no aceptan la jurisdicción de la CPI. Es muy significativo que tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos y Rusia) no hayan ratificado el Estatuto, como tampoco lo ha hecho Israel, pero sí, el Estado Palestino en calidad de observador de las Naciones Unidas. En el conflicto actual entre Israel y Palestina ambas partes se han acusado mutuamente de haber incurrido en genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, no así de crimen de agresión, extremo este sí presente en el conflicto de Rusia y Ucrania por parte de Putin. A la vista de las acusaciones hay que señalar que el genocidio, como se recoge en el artículo VI del Estatuto de Roma, se traduce en la matanza deliberada de personas de un determinado grupo nacional étnico, racial o religioso, con la intención de destruir ese grupo, parcial o totalmente. El pasado 13 de octubre, Israel presentó un plan de expulsión forzosa de 2,3 millones de palestinos residentes en la Franja de Gaza, es decir una operación de “limpieza étnica de manual”, como fue calificada por la Relator especial de NNUU, Francesca Albanes. Los crímenes de guerra quedan definidos en el artículo 8 del Estatuto como las infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949. Se consideran crímenes de guerra, entre otros: las violaciones graves del DIH; el uso de armas prohibidas debido al sufrimiento indiscriminado o atroz, como las minas antipersonales y las armas químicas o biológicas. Así mismo la toma de rehenes, el confinamiento y la deportación o traslado ilegal de personas, también se enmarcan en este supuesto. Se puede afirmar una conducta que infringe el Derecho Internacional bélico, el ius in bello es, además, un ilícito penal internacional. Por consiguiente, en este punto podemos afirmar que tanto Israel como Hamás han cometido durante el conflicto crímenes de guerra. En cuanto a los crímenes de lesa humanidad resulta relevante señalar que pueden cometerse en tiempos de guerra o paz, y nacen como extensión de los crímenes de guerra, a fin de proteger bienes jurídicos personalísimos fundamentales (la vida, la integridad física y salud de las personas, su libertad deambulatoria, la libertad sexual, entre otros) frente a los ataques masivos o sistemáticos realizados con la participación o tolerancia de quien ejerce ese ilícito. A este respecto se pueden citar: los asesinatos, dar muerte a una o varias personas, el exterminio, la esclavitud, la deportación contra la voluntad del sujeto, la encarcelación, la tortura y la segregación racial. Aquí no cabe duda de que Israel ha forzado el éxodo de miles de palestinos de sus territorios y deberá rendir cuentas, al haber violado el artículo 7 del Estatuto de Roma. El cuarto crimen, denominado como de agresión, se podría imputar a Hamás por la masacre perpetrada el 7 de octubre en los kibutz israelitas donde asesinaron a 1.400 personas y secuestraron a más de 200. En conclusión, la CPI podría solicitar a Gaza la entrega de Yahyá al-Sanwar, actual líder de la organización islamista Hamás en la franja de Gaza, así como encausar por sus acciones y responsabilidad en los actos ordenados y llevados a cabo al primer ministro israelí Netanyahu. Esto último será difícil, al no ser Parte Israel en el Estatuto de Roma y además, contar con importantes apoyos estratégicos de Estados con estatuto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vetando sistemáticamente la adopción de sanciones y la apertura de investigaciones por las violaciones masivas del Derecho Internacional. En definitiva, si continúa la situación actual de represalias y, parafraseando a Mahatma Gandhi, llegaremos a una situación de “ojo por ojo y el mundo acabará ciego”. Joaquín Garro Domeño. Doctor en Seguridad Internacional

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Crímenes internacionales en la guerra Israel-Hamás

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