La Ley de amnistía de 1977 sigue dando que hablar. Hay quien sostiene ahora que fue el gran error del presidente Adolfo Suárez, que cedió a la presión del separatismo vasco y la llevó a las Cortes como un requisito indispensable para que los terroristas dejaran de matar. Y por ese motivo, cuando fue aprobada prácticamente por unanimidad, los ministros y los diputados y senadores de UCD estaban felices, porque creían que ETA iba a desaparecer. Pues bien, anticipo que yo era senador de UCD y voté a favor de la ley. Y me siento orgulloso de ello. Lo anterior es falso.

Echemos la vista atrás. Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Los españoles nos preguntábamos “después de Franco, ¿qué?”. Los perdedores de la guerra civil, fundamentalmente el Partido Comunista, el Partido Socialista y alguna formación nacionalista más o menos separatista, defendieron la ruptura. Había que arrasar el pasado franquista, proclamar la República y exigir responsabilidades. El problema estaba en que el régimen no estaba dispuesto a rendirse. Sólo una revolución violenta podría derribarlo. Pero entre las nuevas generaciones nacidas después de la guerra civil, que no teníamos que pedir perdón por nada ni por nadie, éramos mayoría los que anhelábamos la democracia sin recurrir a las bayonetas. El 26 de febrero de 1976, en una conferencia organizada por Diario de Navarra, rechacé la ruptura, defendí la reforma democrática y dije: “Para que la democracia en España sea factible es preciso restañar definitivamente las heridas de la guerra civil… La amnistía debe ser el último acto de la gran tragedia, pero no puede convertirse en el comienzo de una nueva etapa revanchista… La legalización de los partidos políticos y la convocatoria de elecciones libres, no puede demorarse por más tiempo”.

Don Juan Carlos llegó al trono por decisión de Franco. No confiábamos en él porque pensábamos que no podría desatar lo que según el dictador había dejado “atado y bien atado”. Nos equivocamos. Dispuesto a ser el Rey de todos los españoles, consiguió desembarazarse del entramado inmovilista del franquismo. El 5 de julio de 1976 nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez. Cuatro meses después, las Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política. Solo hubo 45 votos en contra. El 15 de diciembre de aquel mismo año, el pueblo español la refrendó con una aplastante mayoría (95% a favor con un 77% de participación). Faltaba lo más difícil. Sumar a la reforma al PC de Santiago Carrillo y al PSOE de Felipe González. Para ello tendrían que renunciar a la dictadura del proletariado y a sus obsoletos sueños revolucionarios. Supieron aceptar la voz del pueblo y negociaron con Adolfo Suárez, este último en todo momento siguiendo las directrices del Rey.

El 1 de diciembre de 1976 se constituyó la llamada “Comisión de los nueve”. Comunistas y socialistas se unieron con grupos democristianos, liberales, socialdemócratas y nacionalistas moderados, emergentes tras el inicio de la Transición. Uno de los nueve negociadores fue Francisco Fernández Ordóñez, líder del Bloque Socialdemócrata, donde estaba el Partido Social Demócrata Foral de Navarra, fundado en 1976 y que tuve el honor de presidir. José María Sanz Pastor representó al PSDF en el Comité permanente del Bloque. Por eso puedo hablar con pleno conocimiento de causa de lo que ocurrió.

La legalización del PC y el regreso a España de Carrillo fue imprescindible para la plena legitimación de la reforma. El siguiente paso fue elaborar de común acuerdo la ley electoral aplicable a la elección del Congreso y del Senado por sufragio universal prevista para el 15 de junio de 1977. El otro gran acuerdo fue la amnistía. Sería la primera ley de las futuras Cortes Generales. Una ley para sellar la reconciliación nacional que supusiera borrón y cuenta nueva con el pasado. Nunca más las dos Españas. Y así fue. Suárez no llevó a las Cortes ningún proyecto de ley. Lo aprobado el 14 de octubre de 1977 de forma prácticamente unánime por ambas Cámaras fue una proposición de ley firmada por los grupos parlamentarios (UCD, PSOE, PSC, PC, PSUC, Minoría vasco-catalana y Grupo Mixto). Recuerdo haber vivido en el Senado una jornada de extraordinaria emoción al ver cómo se abrazaban los que estuvieron en trincheras diferentes. Yo vi con lágrimas en los ojos a Ramón Rubial, presidente nacional del PSOE desde 1974 hasta 1999. Ambos estábamos en la Mesa del Senado. Este fue el espíritu que llevó el 27 de octubre a Manuel Fraga, exministro de Franco y líder de Alianza Popular, a presentar en el Club Siglo XXI una conferencia de Santiago Carrillo, el líder comunista.

En los Diarios de Sesiones quedó todo reflejado. Destaco la sinceridad del representante del PC, Marcelino Camacho: “Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores... resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en esa vía de la paz y del progreso”. O del peneuvista Arzallus: “Es [la amnistía] simplemente un olvido, un olvido de todos para todos”. Fue esa voluntad de concordia la que se manifestó el día en que Carrillo y Fraga dieron un rotundo “sí” a la Constitución refrendada por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978. Es verdad que 23 etarras fueron excarcelados. La mayoría había sido liberada por la amnistía decretada por el rey en julio de 1976. Yo era consciente de que ETA no iba a dejar de matar, porque nunca luchó por la libertad. Pocos etarras aceptaron la mano tendida para insertarse en la vida democrática. Es verdad que muchos constituyentes creyeron de buena fe que sólo luchaban contra el franquismo. Pero ETA no empaña una de las efemérides inolvidables de la historia de España que tuvo lugar el 14 de octubre de 1977. No, no fue el gran error de Adolfo Suárez. Por una vez triunfó la concordia nacional.

Jaime Ignacio del Burgo fue Senador por Navarra en las Cortes constituyentes