Han trascurrido ya dos semanas desde que se iniciase la mayor escalada de conflicto de los últimos años entre Palestina e Israel, desatada tras el ataque terrorista lanzado por Hamás (“fervor”, en árabe) sobre el territorio y la población israelí, quedando en entredicho ante la opinión pública internacional el papel de los servicios de inteligencia, fuerzas armadas y el gobierno de este país.

El 7 de octubre, las milicias de Hamás iniciaron un ataque sin precedentes contra Israel, en el marco de la lucha armada que esta organización política y paramilitar (mucho más que un simple grupo terrorista), yihadista, nacionalista e islamista, lleva librando entre el pueblo palestino e israelí, y que dejó un saldo mortal de más de 700 personas en Israel y 413 en Gaza. Hoy se contabilizan más de 3.000 gazatíes (1.000 de ellos niños) y 1.400 israelíes fallecidos en los en los enfrentamientos.

El Estado hebreo ha prometido una respuesta contundente, pero está condicionado por el más de un centenar de rehenes en poder de Hamás, trasladados a la franja de Gaza y cuya vida está en peligro. La operación militar de represalia por parte de Israel se prevé prolongada, pero si esta se alarga excesivamente se corre el peligro de que los daños colaterales sobre la población civil se acumulen y acaben socavando la legitimidad del casus belli israelí, debilitando, a la postre, el apoyo de la comunidad internacional, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Además, el despliegue del ejército israelí sobre el territorio de Gaza deberá ser limitado, con la vista puesta en un posible estallido de la violencia en Cisjordania, unido a la posibilidad de que Hezbolá intente emular a Hamás (ayudado por Irán) penetrando en territorio israelí. EE UU ha mostrado su total apoyo a Israel, pero el presidente Biden, durante su visita relámpago a Israel el día 18, ha recordado al primer ministro Netanyahu que la evacuación de los habitantes de Gaza y la posterior entrada de las fuerzas israelíes debe ser “proporcional”, respetando en todo momento el IV Convenio de Ginebra de 1949 de Derecho Internacional Humanitario (DIH), relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra y de obligada observancia por las partes en un conflicto armado.

Desde 2021 está abierta una investigación ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra ante el asedio israelí en Gaza. Sin embargo, Netanyahu no reconoce la competencia de la CPI para conocer de la causa (tampoco es signatario del Estatuto de Roma de 2022 por el que se crea la Corte) y pide su desmantelamiento, acusándola de antisemita y “menoscabar el derecho de los países democráticos a defenderse”, en alusión a sus acciones en contra de Hamás.

En este momento de violación clara de las normas de DIH, Israel ha cortado el suministro de agua, carburantes y electricidad a los habitantes de Gaza, que atraviesan una situación de hambre en un contexto donde la mayoría de los palestinos nada tienen que ver con Hamás. Por su parte, en la franja de Gaza el grupo terrorista tampoco respeta el DIH, en un clima de corrupción y nepotismo.

El Derecho Internacional señala que la legítima defensa tiene también sus límites. La respuesta a una agresión previa (como es este el caso) debe obedecer a los principios de necesidad, proporcionalidad e inmediatez. Es por ello por lo que Israel debe actuar bajo una necesidad de legítima defensa inmediata que tenga por objetivo detener la agresión por parte de Hamás.

En 2015 la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/59/122 reafirmó que la protección de civiles en tiempos de guerra era también “aplicable a los territorios palestinos, incluido Jerusalén Occidental, y al resto de los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967”.

El arzobispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, condenó la ocupación ilegal del territorio palestino y las acciones llevadas a cabo por el gobierno israelí, defendiendo que debe existir un criterio de contención y proporcionalidad entre el bien que se persigue y el mal que se genera.

Los ataques indiscriminados por parte de Hamás en contra de la población israelí son totalmente inadmisibles, prohibidos por el derecho internacional y no hacen más que prolongar innecesariamente el sufrimiento del pueblo palestino. Disiento de aquellos que defienden que las acciones terroristas de Hamás son una respuesta justa de este pueblo. Se trata de una acción calculada y programada por un grupo armado que no reconoce el derecho a la existencia de Israel y pretende imponer a la fuerza un Estado Islámico. Israel se defenderá frente a esos ataques, tiene derecho a hacerlo, pero cumpliendo el DIH. La paz es la única batalla que se puede librar.

Joaquín Garro Domeño es Doctor en Seguridad Internacional