El Senado contó ayer con la presencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y de los máximos responsables de otras once comunidades y dos ciudades autónomas gobernadas por el Partido Popular en una sesión monográfica sobre “la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles y de solidaridad” interterritorial. La intervención del dirigente de ERC fue esclarecedora al situar la amnistía por los delitos que hubiesen sido cometidos durante el procés como punto de partida para acordar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. No hubo más precisiones por su parte ni en cuanto a los términos en los que debieran cumplirse ambas exigencias ni en cuanto a las fechas de su materialización. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez argumentaron la ausencia de los socialistas en que la sesión había sido impulsada por el Partido Popular con la intención de interferir en la marcha de las negociaciones para la investidura. Pero tenían la oportunidad de expresar sus objeciones ayer en el Senado, sin necesidad de rehuir el debate respecto a las palabras de Aragonès que, no solo por ser el primero en hablar, actuó de hecho como ponente y tuvo la falta de delicadeza de no quedarse a escuchar a los demás intervinientes. Hoy seguimos sin conocer lo que los socialistas están dispuestos a conceder a ERC y a Junts antes del 27 de noviembre -la fecha límite para la votación- a cambio de continuar en la Moncloa. Un silencio que los presidentes autonómicos del PP interpretaron como una disposición “no a perdonar, sino a pedir perdón” a los secesionistas que vulneraron la ley con el procés, y que resulta cuando menos inquietante para el futuro inmediato del país. Fue además común la advertencia de que la financiación de las autonomías no puede atender al reparto de los fondos que resulten de saldar previamente una supuesta deuda histórica con Cataluña.