El Rey propuso ayer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura. El presidente en funciones compareció para anunciar que desde hoy iniciará conversaciones con los responsables de todos los grupos parlamentarios, con excepción de Vox. “Generosidad” fue el término que empleó Sánchez para evitar la palabra amnistía, asegurando que lo que se conceda a cambio de los votos precisos para la investidura contará con la mayoría del Congreso, y tendrá que pasar por el Tribunal Constitucional. Pero desechó el referéndum de autodeterminación como medida de canje, por inconstitucional y porque “es contrario a lo que he defendido siempre con mi palabra y con mi acción”, interpretando que “lo que quieren los catalanes es el reencuentro con el conjunto de la sociedad española”. Esto último parece evidente. Lo atestigua el declive electoral del independentismo. Pero, junto a ello, los dos partidos secesionistas que el 23-J obtuvieron escaños en el Congreso -ERC y Junts- tienen la llave de la gobernabilidad propuesta por Pedro Sánchez y han manifestado claramente sus exigencias y su intención de mantenerse firmes en ellas. La negación del referéndum por inconstitucional no puede servir para dar carta de naturaleza a la promulgación de una amnistía cuya constitucionalidad esté más que en entredicho. La palabra ha sido evitada hasta el momento por los socialistas, hasta convertirla en tabú. Mientras que no sólo los independentistas reclaman su aplicación, sino que también la defienden desde Sumar. Añadiendo además un requisito clave, que podría coincidir con las exigencias independentistas. En palabras de su diputado Enrique Santiago, “la amnistía sólo tiene razón de ser si contribuye a arreglar el conflicto”. Sería pues una medida netamente partidaria. Pedro Sánchez deberá desentrañar el enredo para antes del 27 de noviembre. Siendo probable que la incógnita de la investidura se mantenga hasta el último minuto, y la legislatura siga tan en el aire como los efectos jurídicos que podría acarrear la amnistía.