El Tribunal Constitucional ha desestimado los recursos del PP y de Vox contra la reforma de marzo de 2021 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por siete votos contra cuatro. Con lo que, finalizado el mandato de sus integrantes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no estará en condiciones de proceder a nombramientos discrecionales. La renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial está pendiente desde hace casi cinco años. Una situación injustificable, en tanto que responde al desacuerdo entre las formaciones parlamentarias de las que depende la mayoría absoluta requerida para la designación de los vocales del Consejo. El PP y el PSOE. La renuencia del primero a actualizarlo bajo el ‘gobierno de progreso’ y la del segundo a simultanear su renovación con un cambio legislativo que conceda a los jueces la potestad de nominar a sus candidatos ha llevado a una situación que podría prolongarse hasta bloquear la Administración de Justicia en su conjunto, una vez que el Tribunal Supremo se ve obligado ya a actuar bajo mínimos. El TC se ha enfrentado a la disyuntiva entre preservar el mandato constitucional de la renovación del CGPJ por encima de todo, o procurar que tan alta instancia pudiera seguir desempeñando sus funciones plenamente. El TC ha resuelto a favor del cumplimiento estricto de lo previsto en la Carta Magna porque, entretanto, se renovó también con vistas a que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la reforma legal de 2021. Pero sería del todo irresponsable que la parte desautorizada del espectro político reciba la sentencia como un agravio partidario que justifique aún más la perpetuación de semejante desencuentro institucional. Del mismo modo que, en medio de un segundo intento de investidura, la parte promotora de la reforma avalada por el TC no debería acomodarse sin más en la sentencia para mantenerse impasible. La precariedad a la que ha llegado el gobierno de la Justicia tras casi cinco años pendiente de renovación es la muestra más tangible de que la España política carece de los consensos básicos que requiere todo sistema democrático.