La comparecencia del prófugo Puigdemont en Bruselas dejó ayer claro que si finalmente Pedro Sánchez accede al trámite de investidura tendrá que atender requerimientos de muy dudosa legalidad y, en caso de lograrla, afrontar una legislatura casi imposible. El expresidente de la Generalitat se lo dejó claro al recordarle que o consigue su apoyo, o se verá obligado a someterse a una repetición electoral. Puigdemont volvió a mostrarse victimista al señalar que el sacrificio de él y de los suyos no persigue una mera investidura, sino la reversión, para empezar, del enjuiciamiento al que han sido sometidos los responsables del procés. Hasta que el Estado admita, mediante una ley de amnistía, que ni los independentistas institucionales ni los demás secesionistas cometieron delito alguno desde 2014. El país entero corre el riesgo de acabar absorto ante los pronósticos que se barajan en torno a una investidura fallida de Feijóo y las posibilidades que tiene Sánchez de asegurarse su continuidad en La Moncloa. Pero la intervención de Puigdemont no representa una mera clave aritmética en el juego parlamentario. Fuerza los límites del estado constitucional, aun en el supuesto voluntarista de que el de Waterloo fuese de farol. La misma idea de la amnistía, que el Gobierno lleva semanas tratando de naturalizar bajo el argumento de que será el Constitucional el que tenga la última palabra, no solo supondría admitir legalmente que no hubo delito en los hechos juzgados y penados hasta con cárcel, sino que existió una actuación deliberadamente injusta por parte de las distintas instancias del Estado que intervinieron política, policial y judicialmente frente al procés. Algo inadmisible a todas luces. Pero aunque Sánchez lograse superar el envite como condición previa al inicio de negociaciones para la investidura, resulta inadmisible que la legislatura pudiera nacer en vilo por el hecho de que la vindicación del referéndum independentista se imponga en la agenda del país en un año electoral para la Generalitat.