La constitución de las Cortes Generales permite augurar una enrevesada aritmética parlamentaria, que ha atribuido un papel determinante para inclinar la balanza de las mayorías a Junts, el partido del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. Su apoyo para asegurar una Mesa del Congreso dominada por la izquierda allana el camino a la investidura de Pedro Sánchez. Aunque nada puede darse por hecho. El PSOE ha ganado una primera batalla al colocar a Francina Armengol al frente de la Cámara Baja. Pero el pacto materializado ayer no descarta por completo una repetición de las elecciones. Los independentistas catalanes se apresuraron a advertir que en modo alguno condiciona su voto en la investidura si el Rey encomienda al líder socialista que se someta a ella. De momento, Junts y Esquerra han arrancado al PSOE cesiones de alto valor simbólico, como el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento español. Más controvertida es la articulación de “vías legales” para una suerte de amnistía por el procés de muy difícil encaje jurídico, de la que no se conocen detalles y que los socialistas eludieron confirmar. Es paradójico que un independentismo catalán en pleno declive en las urnas tenga en sus manos la gobernación del país. Más aún que el signo del próximo Ejecutivo y la suerte de cada una de sus decisiones que pase por el filtro del Parlamento dependan del “mando a distancia” -palabras del socialista García Page en Pamplona- del huido Puigdemont por el tóxico frentismo instalado en la política española que impide cualquier entendimiento entre los dos grandes partidos. Esa situación no justifica una permanente subasta sin fin en la que cualquier cesión sea posible. Sí garantiza, por desgracia, una legislatura en el alambre.