Nos escandaliza conocer que no lejos de aquí reescriben las obras de Roald Dahl para no molestar a las mentes biempensantes y que los cruzados de las buenas costumbres borran las palabras incorrectas en las novelas de Agatha Christie. Pero poco se dice de otras formas de censura menos visible que se han instalado sigilosamente entre nosotros hasta retirar de la circulación autores y obras incómodos. Les hablaré de una de ellas. Hubo una época feliz para la enseñanza de la literatura en la que en institutos y colegios podían leerse diez o doce libros por curso en un catálogo que abarcaba desde el ‘Lazarillo de Tormes’ hasta ‘La colmena’ de Cela y desde ‘El árbol de la ciencia’ de Baroja hasta ‘La realidad y el deseo’ de Cernuda. Eso era antes. La mitad de las obras que analizábamos en clase estarían hoy canceladas por las nuevas mojigaterías. Ahora un bachiller puede llegar perfectamente hasta la universidad sin haber sentido el roce de la literatura: el programa de la materia en la EvAU se reduce a un somero cuestionario cuyas respuestas pueden memorizarse en una tarde de estudio ligero. De esto no cabe culpar solo a las presiones de lo woke, ni a los intereses comerciales de los editores, ni a la intromisión de agentes políticos del puritanismo reaccionario o progresista en las decisiones académicas. Es el propio sistema educativo el que ha ido eliminando concienzudamente autores y obras difíciles o perturbadores. Y dentro de ese sistema, a menudo la tijera no la han aplicado legisladores ni administradores, sino los mismos docentes. Puede ser que en algunos casos se trate de una cuestión de incompetencia -alguien debería reflexionar sobre los nuevos perfiles de profesorado en ciertas asignaturas-, pero no descartemos la hipótesis de la autocensura por miedo a meterse en líos. Líos con progenitores susceptibles, con alumnos hiperventilados o con inspectores aquejados de nostalgia inquisitorial, tanto da. Frente a la inexplicable pero popular corriente pedagógica que condena las lecturas obligatorias, es preciso mantener la reputación del libro como mercancía peligrosa, y eso solo podrá lograrse volviendo a introducir por decreto la irreverencia -o sea, la gran literatura- en las disposiciones curriculares.