El hecho incontrovertible de que la inflación se ha moderado con fuerza en nuestro país no significa que haya dejado de ser un problema. El 2,3% con el que cerró julio equivale a un recorte de 8,5 puntos en un año, cuando tocó techo. Esa tasa no solo es una de las más bajas de la UE, sino que roza el objetivo oficial del BCE. Siendo todo ello cierto, también lo es no solo que ha subido cuatro décimas en el último mes, sino que la subyacente -la más estable y difícil de revertir al no incluir los productos más volátiles- ha trepado hasta el 6,2% y que los alimentos, cuya escalada se había amortiguado desde marzo, han roto esa tendencia con un alza de medio punto hasta el 10,8%. Ya acumulan 16 meses por encima del 10%, lo que ha tensionado al límite los presupuestos familiares y virado los hábitos de consumo hacia otros menos saludables. Aunque el abaratamiento de la electricidad ha supuesto un gran alivio, mientras los progresos en la contención de los precios no se trasladen nítidamente a los supermercados -el principal termómetro para la mayoría de la población- y se traduzcan en la rebaja de productos básicos no acabarán de ser percibidos en toda su magnitud. Una realidad acentuada en el caso de los hogares humildes que concentran el grueso de sus gastos en la manutención. La cesta de la compra sigue sin dar tregua. En julio, la escasez de las cosechas por una climatología adversa encareció las frutas y los aceites. Al repunte de los precios se suma el tradicional de los carburantes en las vacaciones de verano, impulsado además por los recortes de producción de la OPEP. El alza de las hipotecas completa un panorama propicio a un frenazo del consumo, el principal motor del crecimiento económico. La pérdida de poder adquisitivo se ha visto paliada en parte en la negociación de los convenios colectivos en un contexto favorable por la mejora de los beneficios empresariales. Los expertos advierten de un previsible ascenso del IPC a corto plazo, lo que invita a aparcar cualquier triunfalismo.