La economía española se ha mostrado más resistente al embate de la pandemia y los estragos derivados de la guerra de Ucrania de lo pronosticado por las previsiones, aunque conviene recordar que el nuestro es el país, junto a Italia, más auxiliado por los fondos europeos activados a raíz de la covid-19. Una resiliencia, en términos de crecimiento, actividad y, sobre todo, de empleo que se está haciendo compatible con una agudización de la vulnerabilidad en los hogares más desprotegidos frente a una inflación que sigue disparada donde más angustia, en la cesta de la compra. La ciudadanía ha salido a flote de dos crisis titánicas -la gran recesión de la primera década del siglo y el confinamiento por el coronavirus- con el lastre colectivo que supone que quienes eran más frágiles, más desiguales, lo sean hoy aún más en un contexto amenazante, por ende, a causa de la invasión rusa. El alza del precio del dinero, del 0% al 4% en un año y a la espera de otra próxima sacudida, ha enfriado las economías domésticas, y hace más difícil la financiación del consumo, la contratación de hipotecas, la compra de un coche o el disfrute de unas vacaciones. El hecho de que la industria del turismo muestre su satisfacción por la recuperación del sector y el movimiento de millones de personas hacia las tradicionales estancias vacacionales, no es representativo de la situación de miles de familias vulnerables que pasan verdaderos apuros para llegar a final de mes. Por eso no cabe que el Gobierno se solace en la convicción presidencial de que la economía va “como una moto”. Y por eso no cabe que quien aspira a conformar otro Ejecutivo olvide, si lo logra, la necesidad de hacerse siempre consciente de las penurias de aquellos que más acusan las dificultades. De todo esto se habla muy poco durante la campaña electoral, centrada más en eslóganes y reproches mutuos, que en proponer medidas que beneficien a las personas más desfavorecidas.