La muerte el martes pasado de Nahel, un joven de 17 años de Nanterre, por disparos de un policía, ha desatado una semana de disturbios en las principales ciudades francesas. No es la primera vez que Francia debe afrontar la muerte de un adolescente por un disparo de la Policía. El suceso es el tercero registrado en controles de tráfico en lo que va de año, después de los trece contabilizados en 2022. La mayoría de las víctimas son de origen norteafricano o árabe. Las protestas se ven sobrepasadas por el vandalismo que han vuelto a evidenciar de manera más acusada que nunca la fractura persistente entre la República y los jóvenes que han crecido en las banlieue. Los incendios provocados en la capital del país se extendieron pronto a Marsella, Lyon, Burdeos y hasta Toulouse. Jóvenes que se han socializado bajo el estigma de su origen magrebí o subsahariano a veces remoto, al margen de las instituciones del Estado y enfrentándose a las fuerzas policiales, sin que haya ni autoridad ni mediación alguna capaz de procurar la moderación de sus pulsiones. A la lógica conmoción de todo el país se suman llamamientos a la calma, con Emmanuel Macron a la cabeza. Llamamientos a los que se suman la familia de Nahel y figuras deportivas procedentes de los barrios periféricos, que pueden contribuir a rebajar la tensión después de cientos detenidos y decenas de policías heridos, junto a la intranquilidad generada en la población francesa. Pero no es fácil que los jóvenes de los suburbios que han participado en tantas noches de barbarie puedan volver a una normalidad que tampoco era tal en sus vidas antes de la muerte de Nahel. La envergadura del problema que representan las carencias de inclusión de las generaciones más jóvenes de la migración no podrá afrontarse con meros gestos. La máxima celeridad en las investigaciones sobre el supuesto homicidio voluntario que acabó con Nahel M. contribuiría a la recuperación de la paz social.