La confluencia de dos elecciones en unos pocos meses es terreno abonado para la proliferación de promesas de los partidos que, si se materializan, redundarán en un aumento adicional del gasto público. Solo los múltiples anuncios realizados hasta la fecha por Pedro Sánchez ante la cita en las urnas del domingo superan los 13.000 millones de euros. De esa cifra apenas está presupuestada una tercera parte. La lucha contra los efectos de la pandemia, primero, y de la guerra en Ucrania después ha obligado a un fuerte desembolso de las distintas administraciones en ayudas de diversa índole cuya necesidad no es cuestionable, pero que ha deteriorado unas cuentas públicas con acusados desequilibrios previos. Lo ha permitido la más que justificada suspensión de las reglas fiscales de la UE para encarar una situación excepcional. El próximo regreso a la disciplina confirmado por la Comisión Europea augura una nueva etapa en la que será inevitable algún tipo de ajuste. Bruselas acaba de mejorar sus previsiones de crecimiento para la economía española hasta el 1,9% este año y el 2% el próximo, lo que coincide básicamente con las estimaciones del Gobierno, salvo en lo que se refiere al déficit. Según sus cálculos, en 2024 no será rebajado hasta el 3%, como sostiene el plan que le ha remitido la vicepresidenta Calviño, sino que rebasará en tres décimas el listón establecido por el Pacto de Estabilidad. La reducción de una deuda disparada hasta el 112% del PIB es otro de los retos pendientes. El Ejecutivo fía la contención de ambas variables al empuje de la actividad. Es dudosoque esta, por sí sola, resulte suficiente para mitigar esos desequilibrios, cuya corrección seguramente no aportará réditos electorales, pero es imprescindible para robustecer las cuentas públicas y mirar el futuro con mayor tranquilidad. La prudencia aconseja una contención del desbocado gasto público y aprovechar el incremento de la recaudación fiscal y los fondos europeos para situar el déficit y la deuda en niveles más manejables. No se trata de aplicar recortes, sino de una rigurosa gestión de los recursos públicos.