La protesta del domingo en Madrid respondiendo a la llamada de la plataforma SOS Rural y secundada por distintas organizaciones agrarias y ganaderas, aunque no fue tan multitudinaria como el año anterior, sirvió para reflejar una vez más el malestar del mundo rural, asediado por un adverso contexto económico, climático y normativo que pone en riesgo el futuro de su modo de vida. En primer lugar, la dilatada sequía ha golpeado severamente la producción agrícola cuyo volumen ha descendido en frutas y cereales hasta un 25% de la media habitual. Los precios han aumentado hasta en un 40% y el consumo se ha resentido, golpeando duramente la economía de los productores. Pese al retroceso de los precios de la energía, la economía rural continúa soportando un elevado coste de abonos, fitosanitarios y piensos, que sobrecargan de forma inclemente sus economías. Pero más allá de la crisis puntual de precios, el agro español, que reúne, además de la ganadería y la agricultura, actividades como la caza o el turismo, reclama un equilibrio entre el ámbito rural y la ciudad; de manera que los gobernantes a la hora de la planificación económica reconozcan la importancia del sector en el futuro económico el país y de la primordial soberanía alimentaria. El problema del agua, que se agrava con las cada vez más frecuentes etapas de sequía, requiere un consenso nacional que ponga en marcha el Plan Hidrológico para garantizar el abastecimiento y distribución del agua por todo el territorio. El mundo rural, además, se considera objetivo de una cierta instrumentalización del ecologismo ideológico y sometido a una hiperregulación que encorseta su economía. Las políticas ecológicas están provocando el abandono de determinados cultivos, mientras se importan productos procedentes de países sin restricciones medioambientales tan exigentes como las nacionales. Solo un equilibrio entre el campo y la ciudad, la industria y el agro, garantizará el impulso de todos los sectores y la modernización del conjunto de la economía y el territorio.