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Mejorar la justicia, un pacto obligado

Avatar del Editorial DN Editorial DN13/05/2023
El aplazamiento de la huelga indefinida convocada a partir del próximo martes por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales brinda una nueva oportunidad para encauzar a través del diálogo el conflicto en el sector. Los ministerios de Justicia y Hacienda se han comprometido a presentar ese mismo día otra oferta de mejora salarial para ambos colectivos después de que fuera rechazada la última con aumentos de hasta 490 euros mensuales. La sobrecarga de trabajo por el fuerte ascenso de la litigiosidad y una proporción de jueces por habitante muy inferior a la media europea, y la infradotación de medios materiales justifican el extendido malestar en los juzgados. Pero, aun cuando cuenten con razones para la protesta, estos altos servidores públicos no pueden obviar el grave perjuicio que el paro tendría para el normal funcionamiento de una Justicia que ya sufre un descomunal atasco y para la propia ciudadanía. De su responsabilidad y de la del Gobierno cabe esperar que apuren al máximo la vía de la negociación para facilitar un acuerdo que evite la huelga a partir del día 22 y permita avanzar en la imprescindible mejora de un poder fundamental del Estado de Derecho. A pesar de que la campaña electoral resulta un marco muy poco aconsejable para afrontar la mejora de las retribuciones y de otros recursos que exigen al Gobierno jueces y fiscales. La proximidad de la cita con las urnas no puede convertirse en el escenario buscado para presionar, como tampoco el Gobierno puede evitar la obligada autocrítica por hallarse inmerso en una conflictividad que se ha ido encadenando desde principios de año. La posibilidad de que los colectivos profesionales convoquen una huelga constituye un paso crítico. Por ello es deseable que Gobierno, jueces y fiscales agoten las posibilidades negociadoras en busca de un entendimiento que palíe los déficits palmarios que arrastra una Administración tan esencial. Y que pueda contribuir a recuperar el gran consenso sobre la justicia que se rompió por la creciente distancia entre el PSOE y el PP.
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