Una campaña para rendir cuentas y hacer propuestas solventes

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Editorial DN

Publicado el 12/05/2023 a las 06:00

Comienza la campaña electoral del 28-M, en la que se elegirán los gobiernos de doce comunidades autónomas -excepto en Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco y Castilla y León- y más de 8.000 municipios de todo el país. Una campaña que llega tras meses de efervescencia electoral, que no terminará hasta las generales de diciembre. Una campaña que se inicia con el escándalo por la presencia de condenados de ETA en las listas electorales de EH Bildu, siete de ellos con delitos de sangre. A la inmoralidad que supone elegir a condenados por asesinato para representar a la ciudadanía en las instituciones, se suma la insensibilidad con la que desde las filas de los gobiernos de España y de Navarra se han referido a esta anomalía democrática. Porque bien el silencio, bien la justificación de que “la ley lo permite” o que “ETA ya es pasado”, es indigno e irrespetuoso con las víctimas y la sociedad. Hay una línea divisoria moral y política que no puede desvanecerse en la indiferencia ni por el deseo de poder, porque no hay un bien superior que la convivencia capaz de desterrar la apología retrospectiva de ETA pueblo a pueblo. Esta batalla no debe tapar algunos de los problemas comunes al conjunto de la sociedad, como el de la vivienda, los derivados del cambio climático o las debilidades del sistema sanitario. Estos quince días de petición de voto deben contribuir a destacar los desafíos reales de los españoles en lo que compete a las administraciones más próximas a los ciudadanos. La campaña necesita propuestas solventes, compromisos verosímiles y un horizonte de estabilidad institucional basada en el diálogo y el entendimiento. Contribuiría a clarificar las opciones en liza que los dirigentes nacionales de los partidos eviten convertir el 28-M en mera primera vuelta de las generales hasta darle incluso un tono plebiscitario entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Del mismo modo que los candidatos autonómicos y municipales deberían, en lo posible, rendir cuentas de lo hecho y señalar sus propósitos para los cuatro próximos años.

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